- Izquierda Unida ha presentado alegaciones a la Ordenanza Reguladora de los servicios vinculados al ciclo integral del Agua para que incluya reducciones en sus cuotas de contratación, consumo y reconexión.
- Defiende la recuperación de la gestión pública del servicio para mejorar su calidad y reducir los costes de consumo a las familias para y evitar que el agua sea un negocio sucio en manos privadas.
- Denuncia la connivencia del PSOE y del PP para la privatización de la gestión del agua en su momento y su falta de voluntad política para revertir esta situación.
Para la representación de Izquierda Unida en la Mancomunidad de Municipios las bonificaciones que contempla la Ordenanza propuesta resultan claramente insuficientes.
Izquierda Unida considera que los recibos por consumo de agua son excesivos para la mayor parte de los vecinos y vecinas y, de manera especial, para los colectivos y familias en riesgo de exclusión social. Por ello, reclama una bajada de las tarifas y un incremento de las bonificaciones.
Los vecinos y vecinas por el simple hecho de utilizar un servicio básico, como es el agua, están engrosando la cuenta de beneficios de una empresa privada, Aguas y Servicios, que ingresa millones de euros anuales por la gestión de ese servicio.
Se trata de una situación intolerable, ha denunciado Inmaculada Omiste, representante de IU en la Mancomunidad. Defendemos la recuperación de la gestión pública del servicio para mejorar la calidad de su prestación e impedir que el agua sea un negocio sucio en manos privadas.
Inma Omiste ha denunciado la connivencia del PSOE del Partido Popular para la privatización de la gestión del agua en su momento y su falta de voluntad política para revertir esta situación.
La representante de IU ha ratificado el compromiso de su formación con la recuperación de la gestión pública del agua en la Costa de Granada.
En las alegaciones presentadas propone una reducción de la cuota del 95% para familias en situación económica precaria, así como del 90% para pensionistas y jubilados y del 50% para familias numerosas. En el caso del corte de suministro por impago, propone que éste no se produzca cuando pueda comprobarse que los afectados se encuentran en situación de vulnerabilidad.
