Recientemente se conocían los detalles del sumario abierto contra diversos miembros de la curia del Arzobispado de Granada acusados de abusos sexuales continuados a menores de su ámbito de influencia. Un caso destapado por uno de estos jóvenes, entonces menor de edad, en el que intervino el Papa Francisco, lo que contribuyó a que el asunto alcanzará un importante impacto social en todo el país.
Los detalles son escabrosos. Un grupo organizado de sacerdotes y seglares conocidos por la sociedad granadina como los Romanes (ojo, no confundir con Los Ramones) o Romanones, venían desde hace tiempo organizando fiestas sexuales y orgías en las que invitaban a algunos menores a sus desenfrenos. La secta disponía de diversos inmuebles en Granada (un importante patrimonio en común, según el Juez instructor), entre otros, un lujoso chalé en Pinos del Genil, que utilizaban para sus retiros sexuales. Un patrimonio éste que, por lo que parece, fue obtenido a través de su “labor pastoral”. La tibia reacción del Arzobispado de Granada y la actitud soberbia del purpurado que está a su frente es de sobra conocida,
Entre los doce implicados, ahora imputados por “presunta comisión de delitos de agresión sexual, abusos y exhibicionismo, agravados por prevalimiento, cooperación o encubrimiento”, se encuentran el párroco de las Angustias y del Carmen de Motril y el cura de Salobreña sin que, hasta ahora, haya tenido ninguna consecuencia para ellos su participación en este sucio asunto, por lo que siguen desempeñando su función pastoral. Tolerancia cero, proclama Bergoglio, mientras que aquí se impone un silencio ominoso e hipócrita.
Mientras tanto, recientemente el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Motril, con su Alcaldesa al frente, adjudicaba directamente al Arzobispado de Granada la cesión por 75 años de 450 metros cuadrados de suelo de dominio público municipal valorados en 296.325 euros de euros, para la construcción de una capilla religiosa en Playa Granada. Una decisión del Partido Popular en el Pleno que ha pasado prácticamente inadvertida, a pesar de su trascendencia.
Una curiosa actuación de mejora de nuestras playas, por otra parte —en la línea del chiringuito Oleaje—, mientras que el temporal y la incompetencia del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento, van contribuyendo al progresivo deterioro de las playas de nuestro litoral.
Llama la atención la coincidencia en el tiempo de estas dos circunstancias —la imputación de los clérigos y seglares por abuso a menores y la cesión de suelo público al Arzobispado que los acoge—. Pero, sobre todo, clama al cielo (ahora, sí) el silencio cómplice de la Alcaldesa y de los responsables del gobierno municipal ante la permanencia del párroco de las Angustias y del Carmen en su actividad y, de manera especial, su desentendimiento hipócrita ante las posibles víctimas de Motril de esta secta de pederastia confesional.
Es de sobra conocido el fervor religioso de la señora Alcaldesa y de su equipo de gobierno (respetable en su esfera estrictamente privada) y su empeño en convertir la imaginería católica, sus fiestas, ídolos y celebraciones en la principal seña de identidad de nuestra ciudad, que constitucionalmente, como toda España, es aconfesional. Tampoco es una actitud singular, la verdad. Los representantes de esta derecha cateta, casposa y rancia confunden intencionadamente el ámbito de lo público con lo estrictamente personal y privado, entendiendo que sus creencias deben ser las de toda la sociedad. No es extraño. Son portes debidos: la iglesia católica en este país siempre ha estado, y sigue estando, al lado de los poderosos. A su lado. Y ese apoyo tiene sus peajes; éste que comentamos es uno de ellos.
Desde Izquierda Unida en Motril venimos denunciando sistemáticamente esta utilización espuria de las instituciones en favor de intereses privados o confesionales, como en este caso. Con escaso éxito, desde luego, quizás por el poco eco que de estas denuncias se hacen los medios de comunicación de nuestro ámbito.
En nuestra propuesta de programa para las próximas elecciones municipales, un Programa Abierto a la ciudadanía, incluimos medidas para desarrollar políticas que impidan llevar a cabo este tipo de actuaciones. Entre otras, la creación de un Consejo o Asamblea ciudadana de participación para que los motrileñ@s pueden conocer, opinar e intervenir en las decisiones que afecten a la utilización de recursos públicos, a la transparencia, a la convivencia ciudadana y al rigor y honestidad en la gestión de los recursos municipales.
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