La modificación de la ordenanza fiscal que supone una subida generalizada en los recibos de basura a toda la ciudadanía motrileña, familias, comerciantes, empresas, profesionales autónomos, no se debe a ningún impuesto instaurado por el gobierno de España de obligado cumplimiento por parte de los Ayuntamientos.
La subida de la tasa y de los recibos es consecuencia de la mala gestión de los gobiernos del PP en los últimos años agravada por la privatización de la limpieza en diversos sectores y áreas de la ciudad.
Ha anunciado que presentará reclamaciones contra la modificación de la ordenanza fiscal, publicada en el BOP el lunes, 6 de noviembre, al considerar que los incrementos impositivos en los recibos que pagarán los usuarios del servicio no están justificados y no son proporcionales con los nuevos costes de tratamiento de residuos
Su portavoz, el concejal Jose G. Llorente, ha advertido que los vecinos y vecinas de Motril vamos a pagar en los recibos los beneficios de las empresas privadas a las que el gobierno de García Chamorro ha externalizado la limpieza de determinadas zonas de la ciudad, a pesar del deficiente servicio que prestan.
Considera que es cínico tildar de demagogia política a la oposición por criticar esta subida en los recibos, cuando son, ellos, los profetas de las bajadas masivas de impuestos, quienes suben esta tasa de forma abusiva a toda la ciudadanía motrileña, con la excusa de que es de obligado cumplimiento, lo cual es falso — ha enfatizado.
Demagógico es reclamar la condonación de la deuda municipal y anunciar que se destinará a limpieza de la ciudad, después de 5 años de gestión desastrosa y nefasta para Motril. Y prometer, ahora, además, un incremento “histórico” del presupuesto del Área de Limpieza para 2024.
Según el portavoz de IU-Verdes Equo, el gobierno de García Chamorro, con la complicidad de su socio de gobierno, están derivando los costes de su mala gestión del servicio a la ciudadanía en su conjunto, como se va a poder comprobar en los próximos recibos. El coste anual del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria arroja un déficit de 562.747 euros, que el gobierno local pretende sufragar con la subida en las tasas de la basura.
El tarifazo aprobado inicialmente por el gobierno local establece subidas en el recibo anual de las viviendas de entre 7,71 y 15,48 euros; en los locales comerciales entre 13,29 y 338,84 euros; en Tabernas, bares, cafeterías y restaurantes, 0,86€ m2, en supermercados, 1,22 € m2 en campings entre 484,09 y 999,35 euros, en oficinas bancarias 210,68 euros, en alojamientos entre 0,86 € (m2) y 738,89€ (m2); en almacenes hortofrutícolas entre 271,63 y 814,93 €. Y en los diseminados entre 53,30 y 92,17 euros.
Es decir, los recibos de basura de las viviendas en 2024 oscilarán entre los 85 euros de las viviendas de 5ª categoría y los 143 euros de las viviendas de 1ª categoría.
De este modo, por ejemplo, los vecinos de la calle Ancha pagarán en 2024 un recibo de basura anual de 133,27 euros, 15,48 euros más que en 2023. Los vecinos del cerrillo Jaime, pagarán 85,77 euros frente a los 78,06 que venían pagando; a los de Ciudad Jardín, las calles capitán Blanco, Cardenal Belluga o Carlos Moreu, se les cobrará por el recibo de basura 144,43 euros, 17,30 euros más de lo que estaban pagando en 2023. Los vecinos y vecinas del camino de las cañas, del Camino del Pelaillo y del camino de San Antonio, tendrán recibos en 2024 de 133,27 euros, 15,48 euros más de lo que venían pagando.
En cuanto a la basura industrial, los establecimientos comerciales pagarán recibos de entre 95 y 2.209 euros, según su tamaño; los bares y restaurantes pagarán por 100 m2 561 euros, un supermercado de 100 m2, 794 euros, una comercializadora de perecederos, 2.046 euros y los alojamientos y hoteles entre 2.244 y 4.819 euros.
Su portavoz ha anunciado que el Grupo Municipal de IU-Verdes Equo va a presentar reclamaciones a la modificación de la ordenanza fiscal ya publicada en el BOP al considerar que los incrementos impositivos en los recibos que pagarán los usuarios del servicio no están justificados y no son proporcionales con los nuevos costes de tratamiento de residuos
Anima a vecinos, hosteleros, empresas y comerciantes a que muestren su rechazo a esta medida y presenten sus reclamaciones contra esta subida en el plazo habilitado al efecto, que se prolongará hasta el próximo 20 de diciembre.
García Llorente ha informado de que la subida en los recibos se justifica como consecuencia de un nuevo coste del servicio de tratamiento de residuos municipales que la Diputación de Granada repercute a los ayuntamientos, relacionado con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que transpone una Directiva europea en relación con la gestión de residuos en las ciudades. No obstante, el Ayuntamiento de Motril se verá beneficiado al resultar inferior el canon que le corresponderá abonar en 2023 (590.215) con respecto al que ha liquidado en 2022 (661.375). Un sobre coste en el canon aplicado a los recibos que debería retornar a los usuarios.
La Ley entró en vigor en enero de 2023 determinando que en el plazo de tres años las entidades locales establecerán una tasa, específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación que reflejen el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
La obligación de las entidades locales para establecer la recogida separada de residuos tiene como fecha máxima el 31 de diciembre de 2024, cuando será obligatorio que se establezca la recogida separada de residuos textiles, aceites de cocina usados, los residuos domésticos peligrosos y los residuos voluminosos (muebles y enseres).
Sin embargo, el gobierno de García Chamorro no ha elaborado un estudio de costes relativo a la prestación de este nuevo servicio; en cambio, ha decidido subir los recibos de basura de forma generalizada, además de anunciar que procederá a una nueva modificación de la ordenanza fiscal antes de finalizar el próximo año.
La Diputación de Granada, gobernada por el PP en solitario y cuyo portavoz es el Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, rechazó en su último Pleno una propuesta en apoyo a los municipios para que la Diputación sufragara el nuevo canon de tratamiento de residuos que ya ha comenzado a liquidar, al menos durante el año 2023.
