El PP y sus socios se opusieron en el último pleno a una moción para la mejora de la gestión de la Residencia de Personas Mayores de San Luis y para garantizar su carácter de servicio público.
A pesar de sus dificultades para cumplir con los procedimientos legales establecidos y a estar recurriendo a una empresa externa para cubrir bajas y sustituciones, la concejala del Área, Inmaculada Torres, sostiene que la gestión llevada a cabo es acertada.
Desde IU-Equo se considera que la gestión del PP está poniendo en riesgo el carácter público de la Residencia y se está avanzando de forma decidida hacia su privatización.
Según ha informado su representante en la Junta Rectora, el edil Jose G. Llorente, en la actualidad de las 42 trabajadoras que prestan sus servicios en la residencia, 19 pertenecen a empresas privadas frente a los 23 trabajadores de plantilla. Es decir, el 46% de las trabajadoras no mantiene relación laboral con la entidad, una circunstancia cuanto menos anómala para una agencia pública, sujeta al derecho administrativo.
A juicio de García Llorente, el gobierno de la señora García Chamorro se ha desentendido interesadamente de la Residencia para avanzar en la privatización del servicio, lo que supondrá una merma en la atención a los residentes y una pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras. IU-Equo rechaza rotundamente la mercantilización de los cuidados, un derecho que entiende que es esencial para el bienestar de la ciudadanía
La gestión de la señora García Chamorro y de su partido está deteriorando gravemente los servicios públicos municipales –ha denunciado– y también el funcionamiento y la gestión de la residencia, a pesar del cometido esencial que desempeña en el cuidado de la población mayor.
Para IU-Equo la posición del gobierno local es vergonzante porque la realidad de este deterioro es objetiva y comprobable por la ciudadanía, por los y las residentes y los y las trabajadoras de la Residencia en su día a día.
Consideran desde la formación de izquierdas que el deterioro de los servicios públicos es un asunto especialmente preocupante y grave ya que su recuperación siempre resulta ardua y costosa, como bien saben quienes aplican las políticas privatizadoras.
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