IU considera que, de ser cierto el balance aportado por Aguas y Servicios, con un importante superávit, Mancomunidad podría, y debería, bajar la tarifa del agua para 2026. Después de una subida del 20% en 2025 y otra del 5% en 2024, sería razonable dar un respiro a las familias y negocios de la Costa Tropical.
Asimismo, IU insiste en la necesidad de acometer una profunda reestructuración de la tarifa del agua. Desde hace años, se mantiene un sistema tarifario con una parte fija muy alta, lo que hace que el recibo de una vivienda con mucho consumo se diferencie poco del recibo de una vivienda con poco consumo. En opinión de Izquierda Unida, esta política desincentiva el ahorro ya que en la práctica tiene pocos beneficios la familia o empresa que consume poco frente a la que derrocha el agua.
Categoría: impuestos locales
IU Verdes Equo denuncia que la Zona Azul le cuesta dinero a Motril, en vez de recaudarlo
El servicio de Zona Azul, que en otras ciudades supone una importante fuente de recaudación para las arcas municipales, en Motril supone un pago doble, por parte de la ciudadanía al estacionar y al Ayuntamiento, al tener que pagarle cada año los beneficios que la empresa dice no percibir y que tiene asegurados como garantías de recaudación por la cláusulas del contrato.
Además, en los presupuestos municipales, se reflejan unos ingresos procedentes de la Zona Azul, que debido a esta situación no se vienen percibiendo, alterando así la realidad de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento.
No solamente es necesaria la auditoría para verificar que el estado de la concesión es realmente deficitaria, sino también para no dejar que prescriba la deuda de la empresa y perder los posibles ingresos que la ciudad de Motril podría percibir e invertir de nuevo en los vecinos y vecinas, ha denunciado Inma Omiste, portavoz del Grupo Municipal de IU Verdes Equo.
Omiste ha reiterado la necesidad de comprobar la veracidad de las cuentas y documentación aportada por la empresa concesionaria y en cualquier caso, estudiar y adoptar las medidas necesarias para que el servicio no sea un coste permanente para la ciudad y cumpla su función recaudatoria.
Reclamamos que el presupuesto 2025 sirva para mejorar la calidad de vida de los vecinos
Tras una primera lectura de la documentación, IU Verdes Equo no puede estar de acuerdo con que no se contemple en la cuentas municipales una partida específica para subvencionar el IBI a los parados de larga duración, como se había comprometido cuando se modificaron las ordenanzas fiscales recientemente.
Tampoco comparte el modelo de política de subvenciones que apuesta por subvenciones nominativas y elimina la modalidad de las subvenciones en concurrencia competitiva, más transparente y accesible, además de ser el tipo de subvención que se utiliza por la Administración de forma convencional. Según establece la normativa legal, a las subvenciones nominativas debe recurrirse como una excepción. Además, el Grupo municipal de IU Verdes Equo considera insuficientes las inversiones previstas para mobiliario en la Charca de Suárez, así como los 170 mil euros anunciados para infraestructuras en playas, un esfuerzo inversor que la alcaldesa considera que supondrá una “revolución en nuestras playas” y una apuesta por una ciudad “más verde y más respetuosa con el medio ambiente”, que resulta difícil de creer..
IU Verdes Equo reclama al gobierno local “una reflexión serena y responsable” acerca del alto coste que suponen para las arcas municipales las retribuciones de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, unas retribuciones que consideran que son “desproporcionadas”.
El salario y los costes sociales de la alcaldesa y de los tenientes de alcalde suponen en el borrador inicial del presupuesto de 2025 un gasto anual bruto de 372.562 euros incluyendo las cotizaciones sociales, que se concretan en salarios de 76.876 euros en el caso de la alcaldesa; 60.7783 en el de Antonio Escámez; 60.783 en el del concejal de Deportes, Daniel Ortega y 45.487 en los salarios de Mari Ángeles Escámez y Juan Fernando Herrera. Todos ellos salarios brutos anuales.
A estos costes deben sumarse el de los asesores y personal de confianza que está a disposición del gobierno local, que supone un gasto presupuestario anual de 428.816 euros. A ello, se le añade el coche oficial, con conductor, del que dispone discrecionalmente a diario la alcaldesa de Motril.
A juicio de la portavoz del Grupo municipal, Inma Omiste, la desproporción de estas retribuciones resulta evidente si se tiene en cuenta que la alcaldesa de Granada, la capital de la provincia, percibe un salario bruto anual de 70.969 euros (5.907 euros inferior al de la alcaldesa de Motril) o que el presidente de la Junta de Andalucía percibe un salario bruto anual de 87.333 euros.
Rechazamos la supresión de beneficios sociales en impuestos y tasas municipales a parados y familias vulnerables
En los cinco años de gobierno de las derechas motrileñas en la ciudad, ninguna de las modificaciones fiscales que se han llevado a cabo ha sido en beneficio de la ciudadanía y aún menos de las familias más vulnerables. Ha recordado la subida de la tasa de basura de principios de este año para allanar el camino de la privatización del servicio municipal de limpieza.
Omiste ha demandado la elaboración de estudios de costes económicos de los servicios municipales para adecuar el importe que pagan los vecinos a las características y coste real de los servicios, algo que no se ha hecho en los largos años de gobierno de García Chamorra al frente del Ayuntamiento, a pesar del mantra de la derecha de la bajada de impuestos, que se ha quedado como otra de las promesas incumplidas del Partido Popular.
La portavoz del Grupo municipal de IU Verdes Equo ha denunciado que, a pesar de la recaudación fiscal que se realiza, es evidente la situación de desmantelamiento de los servicios municipales: no hay conserjes para las instalaciones municipales, no hay personal suficiente en los servicios municipales, no funcionan las escuelas deportivas, no se ha implantado la Zona de Bajas Emisiones, la piscina municipal lleva más de dos años con sus instalaciones cerradas, los problemas de suciedad y falta de mantenimiento de la ciudad siguen estando a la orden del día.
Además, ha señalado que hay problemas para sacar adelante los contratos de prestación de servicios; el Área de Contratación se muestra incapaz de dar una respuesta adecuada para la formalización de la prestación de servicios, como es el caso del contrato de desratización y desinsectación y otros que llevan años prorrogandose, sin haber sido actualizados durante este período.
Toda esta situación, ha enfatizado, va siempre en perjuicio de los más desfavorecidos y evidencia la falta de empatía del gobierno de García Chamorro con la ciudadanía, de manera especial con las familias trabajadoras.
