Omiste en su intervención en el pleno ha destacado los principales motivos del rechazo de su Grupo a la aprobación inicial de las cuentas municipales.
Las derechas proclaman el aumento de presupuesto en diversas áreas, que supondrá “una revolución” para la ciudad, con cantidades irrisorias y sin proyectos tangibles para ello. Es el caso de la escasa cantidad destinada a Playas, uno de los principales atractivos de la ciudad, a la Charca de Suárez, dotada de una cantidad mínima para mobiliario, cuando permanece más tiempo cerrada que abierta. O la subida destinada a la compra de mobiliario para la casa de la Juventud, Formación y Empleo, pero sin políticas para la formación y empleabilidad reales. El presupuesto para el Área de Fiestas aumenta considerablemente, destinando a la Cabalgata de Reyes 95.000 euros a una empresa privada para que la gestione, tras el conflicto del equipo de gobierno con la asociación que la organizaba y realizaba tradicionalmente con un presupuesto reducido procedente en su mayor parte de aportaciones del tejido empresarial y ciudadano.
De este modo, privatiza la Cabalgata pasando de un presupuesto de 15.000 euros a 114.000. Otra muestra más de la voluntad privatizadora de este gobierno y su empeño de convertir en negocio cualquier actividad que pueda llevarse a cabo en la ciudad ––ha apuntado Omiste
El teniente de alcalde, Antonio Escámez, celebra este incremento presupuestario de la partida de Fiestas porque los motrileños quieren fiestas y si las quieren hay que dárselas.
Desde la formación de izquierdas se ha criticado con dureza la subida de sueldos del equipo de gobierno, al considerarla “desproporcionada” y desconsiderada con las clases populares, con las familias trabajadoras que pelean diariamente para salir adelante con dignidad, en momentos complicados como el actual.
En este sentido, IU Verdes Equo reclama al gobierno local “una reflexión serena y responsable” acerca del alto coste que suponen para las arcas municipales las retribuciones de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, unas retribuciones que consideran “inoportunas” que no sólo no contribuyen a la dignificación del ejercicio de la política sino que contribuyen a la desafección de la ciudadanía con la actividad política.
El salario y los costes sociales de la alcaldesa y de los tenientes de alcalde suponen en el borrador inicial del presupuesto de 2025 un gasto anual bruto de 372.562 euros incluyendo las cotizaciones sociales, que se concretan en salarios de 76.876 euros en el caso de la alcaldesa; 60.7783 en el de Antonio Escámez; 60.783 en el del concejal de Deportes, Daniel Ortega y 45.487 en los salarios de Mari Ángeles Escámez y Juan Fernando Herrera. Todos ellos salarios brutos anuales.
A estos costes deben sumarse el de los asesores y personal de confianza que está a disposición del gobierno local, que supone un gasto presupuestario anual de 428.816 euros. A ello, se le añade el coche oficial con conductor del que dispone discrecionalmente a diario la alcaldesa de Motril.
Autor: Izquierda Unida Motril
IU Verdes Equo denuncia que la Zona Azul le cuesta dinero a Motril, en vez de recaudarlo
El servicio de Zona Azul, que en otras ciudades supone una importante fuente de recaudación para las arcas municipales, en Motril supone un pago doble, por parte de la ciudadanía al estacionar y al Ayuntamiento, al tener que pagarle cada año los beneficios que la empresa dice no percibir y que tiene asegurados como garantías de recaudación por la cláusulas del contrato.
Además, en los presupuestos municipales, se reflejan unos ingresos procedentes de la Zona Azul, que debido a esta situación no se vienen percibiendo, alterando así la realidad de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento.
No solamente es necesaria la auditoría para verificar que el estado de la concesión es realmente deficitaria, sino también para no dejar que prescriba la deuda de la empresa y perder los posibles ingresos que la ciudad de Motril podría percibir e invertir de nuevo en los vecinos y vecinas, ha denunciado Inma Omiste, portavoz del Grupo Municipal de IU Verdes Equo.
Omiste ha reiterado la necesidad de comprobar la veracidad de las cuentas y documentación aportada por la empresa concesionaria y en cualquier caso, estudiar y adoptar las medidas necesarias para que el servicio no sea un coste permanente para la ciudad y cumpla su función recaudatoria.
Reclamamos que el presupuesto 2025 sirva para mejorar la calidad de vida de los vecinos
Tras una primera lectura de la documentación, IU Verdes Equo no puede estar de acuerdo con que no se contemple en la cuentas municipales una partida específica para subvencionar el IBI a los parados de larga duración, como se había comprometido cuando se modificaron las ordenanzas fiscales recientemente.
Tampoco comparte el modelo de política de subvenciones que apuesta por subvenciones nominativas y elimina la modalidad de las subvenciones en concurrencia competitiva, más transparente y accesible, además de ser el tipo de subvención que se utiliza por la Administración de forma convencional. Según establece la normativa legal, a las subvenciones nominativas debe recurrirse como una excepción. Además, el Grupo municipal de IU Verdes Equo considera insuficientes las inversiones previstas para mobiliario en la Charca de Suárez, así como los 170 mil euros anunciados para infraestructuras en playas, un esfuerzo inversor que la alcaldesa considera que supondrá una “revolución en nuestras playas” y una apuesta por una ciudad “más verde y más respetuosa con el medio ambiente”, que resulta difícil de creer..
IU Verdes Equo reclama al gobierno local “una reflexión serena y responsable” acerca del alto coste que suponen para las arcas municipales las retribuciones de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, unas retribuciones que consideran que son “desproporcionadas”.
El salario y los costes sociales de la alcaldesa y de los tenientes de alcalde suponen en el borrador inicial del presupuesto de 2025 un gasto anual bruto de 372.562 euros incluyendo las cotizaciones sociales, que se concretan en salarios de 76.876 euros en el caso de la alcaldesa; 60.7783 en el de Antonio Escámez; 60.783 en el del concejal de Deportes, Daniel Ortega y 45.487 en los salarios de Mari Ángeles Escámez y Juan Fernando Herrera. Todos ellos salarios brutos anuales.
A estos costes deben sumarse el de los asesores y personal de confianza que está a disposición del gobierno local, que supone un gasto presupuestario anual de 428.816 euros. A ello, se le añade el coche oficial, con conductor, del que dispone discrecionalmente a diario la alcaldesa de Motril.
A juicio de la portavoz del Grupo municipal, Inma Omiste, la desproporción de estas retribuciones resulta evidente si se tiene en cuenta que la alcaldesa de Granada, la capital de la provincia, percibe un salario bruto anual de 70.969 euros (5.907 euros inferior al de la alcaldesa de Motril) o que el presidente de la Junta de Andalucía percibe un salario bruto anual de 87.333 euros.
La concejala de Bienestar Social se desentiende de la situación de la Residencia Santa Amelia
Omiste ha criticado la pasividad del gobierno local, que se desentiende de este modo de un problema real que tiene un importante impacto en la convivencia ciudadana y en la salud de los vecinos y de las vecinas.
Al hilo, ha reprochado la inacción de la concejala de Bienestar Social, Inmaculada Torres, que se excusa en su falta de competencias para abordar cualquier tipo de actuaciones. Por ello, Omiste se ha preguntado cuál es el papel y las funciones de concejala si se inhibe cuando hay problemas reales que afectan al bienestar de los vecinos y a la ciudadanía en general.
Sin embargo, ha criticado, su disponibilidad a tiempo completo y su predisposición absoluta cuando se trata de acompañar a la alcaldesa en sus constantes sesiones fotográficas promocionales, en las que siempre ofrece su mejor sonrisa.
La edil de IU Verdes Equo ha informado que el Ayuntamiento de Motril tiene instrumentos legales suficientes y adecuados para requerir a la propiedad, la Fundación Docete Homnes del Arzobispado de Granada, a que lleve a cabo las actuaciones necesarias para adecentar el recinto y, en caso contrario, emprender las actuaciones necesarias con medios municipales para solventar la situación y trasladar los gastos a la propiedad, como se está haciendo en otros casos con propietarios particulares de solares abandonados en diferentes barrios de la ciudad.
Pero, “con la iglesia hemos topado”, ha afirmado Inma Omiste denunciado a la vez la actuación “poco ejemplar” e irresponsable del Arzobispado de Granada que cerró la residencia en 2015 con el compromiso de su reapertura en el plazo de dos años declinando, finalmente, su responsabilidad.
