La aprobación de los presupuestos municipales para 2021, con el rechazo de toda la oposición y el conjunto de los trabajadores municipales, configura un escenario en el que el desarrollo de la ciudad dependerá en gran medida de los proyectos de promotores urbanísticos, lo que condiciona las políticas municipales a lo largo de la próxima década.
De este modo, el Partido Popular, con el apoyo de sus compañeros de viaje (Escámez, Cs y tránsfugas), impone un modelo de ciudad acomodado a los intereses de los grandes propietarios de suelo que desprecia el interés general de la ciudad, de sus vecinos y vecinas y de las generaciones futuras.
Al aprobar en solitario el presupuesto para 2021 se da un paso decidido en esa dirección. Las grandes cifras del proyecto de presupuesto de gastos aprobado ofrecen indicios suficientes de esta deriva ultraliberal que pretende dejarlo todo en las manos invisibles del mercado.
Mientras que se reducen los gastos de personal, se incrementan los gastos para la contratación de bienes y servicios para financiar, entre otros asuntos, los gastos derivados de los servicios prestados por empresas externas (privatizaciones). De este modo, se adelgazan los servicios públicos y se provisionan gastos para poder sufragar externalizaciones de servicios a través de empresas privadas.
Como se puede leer en la Memoria de la alcaldía que acompaña a los presupuestos, ”a través de grandes proyectos que se impulsarán desde el gobierno de la Junta de Andalucía y desde otras entidades e instituciones públicas y privadas con las que se están abriendo líneas de trabajo conjuntas, Motril mira de frente a importantes cambios y obras de referencia”.
Entre éstas, es de suponer, las de la construcción de 640 viviendas al sur de la circunvalación o el de la Marina seca en playa Granada (construcción de un puerto deportivo, 3.000 viviendas, 1.500 plazas hoteleras, zonas comerciales y de ocio) pasan a un primer plano.
No hay lugar en las cuentas municipales, sin embargo, para dar respuesta a las necesidades de vivienda de las familias más jóvenes o a la promoción del uso de suelo para actividades económicas cualificadas que generan empleos estables, como señalaba recientemente en estas páginas el economista Julio Rodríguez. El presupuesto es, en ese sentido, toda una declaración de intenciones.
Es ese planteamiento, su concreción y el desarrollo en las cuentas municipales, por el que desde IU-Equo hemos rechazado la propuesta presentada para su debate en el pleno celebrado el pasado 18 de diciembre.
En ese debate justificamos nuestro desacuerdo con las cuentas de Motril, fundamentalmente, por tres cuestiones concretas: el presupuesto no contempla actuaciones para la creación de empleo y fomento de la contratación en nuestra ciudad (diciembre se ha cerrado con 6.398 personas en las listas del paro); las cuentas finalmente aprobadas no sólo debilitan la plantilla municipal disminuyendo sus recursos sino que, además, no abordan la necesaria reestructuración organizativa para fortalecer los servicios públicos y dar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía en momentos tan críticos como el actual y, en tercer lugar, por la ausencia de recursos económicos destinados a actuaciones y medidas que contribuyan a un desarrollo económico sostenible.
Los principales desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años tienen que ver, en general, con la transición ecológica, la digitalización, la transformación económica y el fortalecimiento de los derechos sociales: empleo de calidad, educación, inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. De este modo se orientan los presupuestos europeos para los próximos años y los Presupuestos Generales del Estado, que despliegan políticas públicas y recursos económicos para afrontar esos grandes desafíos.
Al contrario, el presupuesto municipal aprobado por el Partido Popular y sus socios resuelve de un plumazo cómo abordar estos grandes retos: ladrillo, campos de golf y puertos deportivos. Un modelo anacrónico que se ha demostrado sobradamente ineficaz, medioambientalmente insostenible y socialmente pernicioso. Una apuesta, la del gobierno local de Motril, que pone en riesgo y condiciona gravemente el desarrollo futuro de nuestra ciudad y, en consecuencia, el bienestar de sus vecinos y de sus vecinas.
El Grupo municipal de IU-Equo va presentar reclamaciones a la elaboración y tramitación del presupuesto municipal inicialmente aprobado al considerar que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido ya que, entre otras posibles irregularidades, se ha eludido la preceptiva negociación con la representación legal de los trabajadores.
En cualquier caso, vamos a promover la apertura de un debate público que implique al tejido económico y social motrileño y a los vecinos y vecinas, para discutir y plantear alternativas viables al modelo de ciudad que el PP y sus socios pretenden imponer en contra del interés general.
Contar con una mayoría suficiente en el pleno de la Corporación no puede suponer un cheque en blanco cuando se trata de abordar actuaciones que modifican sustancialmente la ciudad y su entorno condicionando su desarrollo futuro. Proyectos de esta envergadura –que, en algunos casos, podrían suponer la desaparición de la Vega de Motril– deben requerir necesariamente de un consenso social y ciudadano que el Partido Popular parece despreciar ya que tiene en cuenta, únicamente, los intereses de negocio de grandes propietarios y grupos empresariales por encima del bien común. Por algo será.
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