Lo cierto y verdad es que, dos años y medio después de que la Fiscalía presentara denuncia contra Luisa García Chamorro por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el Juzgado de Instrucción número 3 la ha citado a declarar el próximo 19 de junio en calidad de imputada al considerar verosímiles los hechos denunciados y, además, le impone una fianza de 3.000 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias futuras.

Sostiene García Chamorro que “no hay novedad con respecto a su situación procesal” y mantiene que las costas y gastos judiciales derivan del ejercicio de sus funciones y atribuciones políticas”.

Falta a la verdad a sabiendas la alcaldesa de Motril, ya que conoce de primera mano el Informe de la Intervención municipal, solicitado por ella misma, que dictaminó que la utilización de ese dinero “vulnera la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos”.

García Chamorro recibió del grupo municipal del PP en Motril y en la Diputación de Granada transferencias en sus cuentas particulares por un importe de 12.151 euros para pagar multas y costas procesales derivadas de una sentencia judicial contra ella, un dinero que no ha devuelto en su totalidad.

Llorente ha recordado que García Chamorro, como alcaldesa de Motril, tiene un sueldo anual desde junio de 2023 de 72.000 euros, por encima del que percibe la alcaldesa de Granada, 70.969 y del que percibía el presidente de la Junta de Andalucía en esa misma fecha, que era de 71.667 euros.

A pesar de todo ello, la alcaldesa de Motril no duda en justificar sus actuaciones y lanzar a sus voceros en su defensa con una estrategia desesperada que tiene como principal finalidad encubrir su presunta utilización indebida de los dineros de los motrileños y de los granadinos en beneficio propio y eludir de este modo la acción de la justicia.

Llorente ha reiterado que, tras sus nuevas mentiras e intentos de embarrar, García Chamorro debe dejar de ser inmediatamente la primera autoridad municipal de Motril, por respeto a sus vecinos y vecinas y para no seguir enturbiando, aún más, la imagen de la ciudad. Y, en caso contrario, debería ser su organización, el Partido Popular, quien la cesara de todas sus responsabilidades políticas.