Falta a la verdad García Fuentes cuando afirma que la cuantía de 57.674 euros corresponden a las gratificaciones entregadas a distintos funcionarios por el concepto de servicios extraordinarios. No es cierto. Esa cantidad corresponde exclusivamente a la percibida por los tres funcionarios denunciados. Del mismo modo, intenta desviar la atención criticando la judicialización de la política, cuando lo que se denuncia es un procedimiento irregular en la gestión de asuntos municipales, no una decisión de carácter político. Parece apelar, en cualquier caso, a la impunidad de los gobernantes para hacer y deshacer a su antojo, al margen de la legalidad vigente. Algo a lo que desgraciadamente están acostumbrados.