La abstención del PSOE y el rechazo por parte de su socio en el gobierno local, el partido de la familia Escámez, ha resultado determinante para que no saliera adelante esta iniciativa, cuyo único objetivo no era otro que conocer la magnitud real de las privatizaciones que, de hecho, suponen ese proceso de inmatriculación, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser pública.