Izquierda Unida ha solicitado en la Mesa municipal de desahucios celebrada hoy en el Ayuntamiento de Motril, la creación de una Oficina municipal que centralice y coordine las actuaciones que tengan por objeto garantizar el derecho a la vivienda y hacer frente a la emergencia habitacional de las familias en riesgo de exclusión social.
El Grupo municipal de Izquierda Unida ha reclamado que se cumplan todos los compromisos recogidos en la Moción “Motril libre de desahucios” que presentó al Pleno municipal el pasado 30 de julio y que fue aprobada de forma unánime. En concreto, y como primer paso en esa dirección, la creación de una Oficina municipal que contemple y regule adecuadamente las medidas de fomento necesarias para cubrir las demandas de emergencia habitacional.
A pesar de su valoración inicial positiva del anuncio del Acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Motril y la Junta de Andalucía para instalar en el Consistorio un Punto de información y asesoramiento en casos de desahucios, Izquierda Unida considera que desde el Ayuntamiento se deben poner todos los medios y recursos necesarios para garantizar a sus vecinos y vecinas este derecho ciudadano, por lo que propone que ese Punto de información se integre en la actividad que lleve a cabo dicha Oficina antidesahucios.
Para Daniela Paqué, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, su formación tiene como prioridades en su acción política la lucha contra el desempleo y la protección de las familias que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual o permanente. En este sentido, ha manifestado que serán exigentes en la demanda del cumplimiento de todos los compromisos acordados.
La Mesa municipal de desahucios que ha celebrado hoy, miércoles, su primera reunión está integrada por los servicios municipales, los diferentes grupos políticos y diversos colectivos sociales y ciudadanos de afectados por los desahucios.
En dicha reunión, se han repasado los acuerdos y compromisos recogidos en la Moción aprobada procurando su operatividad a través de medidas concretas, entre otras, la creación de un parque de viviendas en régimen de alquiler social, la apertura de un registro de personas afectadas por situaciones de potenciales desahucios y la elaboración de un censo de viviendas vacías propiedad de bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no dispongan de vivienda.
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