– Desde que empezó la crisis ha habido más de 600 mil desalojos hipotecarios; una 100 mil familias han perdido su lugar de residencia habitual
– La vivienda social representa en España sólo el 1% frente al 32% en los Países Bajos o el 18% del Reino Unido, según los datos de Amnistía Internacional.
Ante el inminente lanzamiento del desahucio de una familia con menores en Motril, presenta al Pleno municipal una moción para que resulte prioritaria la protección de los menores en los casos de desahucios por encima de cualquier otra consideración.
El pasado mes de julio el Pleno del Ayuntamiento aprobó por iniciativa de Izquierda Unida declarar a Motril municipio libre de desahucios, una declaración que implica la adopción de determinadas medidas y protocolos para hacer frente a estas situaciones.
Sin embargo, cinco meses después de esa sonora declaración las actuaciones llevadas a cabo por parte del equipo de gobierno están siendo escasas y, sobre todo, insuficientes, motivo por el que, ante la inminencia de este nuevo desahucio en el que se ven afectados menores, el Grupo Municipal de Izquierda Unida defenderá el próximo pleno que el Ayuntamiento solicite al juez la suspensión del desahucio, al concurrir motivos económicas y tratarse de la vivienda habitual. Además, la propuesta presentada por Izquierda Unida solicita que el Ayuntamiento active los protocolos de actuación previstos para estos casos.
Daniela Paqué, portavoz del Grupo Municipal, ha reiterado que la orientación de todas las actuaciones e iniciativas que lleva a cabo su organización responde a procurar la defensa de los intereses de los más desfavorecidos, de las personas con menos recursos económicos y en riesgo de exclusión social. Este mismo objetivo es el que persigue esta Moción. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida ha señalado la oportunidad en la presentación pública de esta iniciativa, recordando que hoy, 20 de Noviembre se celebra el Día Universal de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado y que establece una serie de derechos, entre otros, el derecho a la vida familiar.
A falta de datos estadísticos suministrados por la administración pública que muestren la verdadera magnitud del problema de los desahucios que vivimos en nuestro país, se puede estimar que más de mil menores han visto vulnerados sus derechos en los últimos años. Una marca más en la pésima gestión del drama humano de los desahucios.
La Ley solo protege a los menores de tres años y con padres en situación de exclusión social, dándoles una moratoria de dos años. Para el rango de edad entre los 3 y los 18 años la Ley no establece ninguna protección específica.
