Entre los 84 auxiliares contratados para la vigilancia de las playas de Motril y Calahonda se encuentra un familiar directo de la presidenta de la ELA de Carchuna-Calahonda y una persona muy cercana a la alcaldesa de Motril, además de otras vinculadas familiar o políticamente al entorno del Partido Popular de Motril.
El Ayuntamiento de Motril y la Junta de Andalucía siguen sin facilitar información sobre el personal contratado y los criterios seguidos en un proceso de selección que se ha caracterizado por la improvisación, la falta de transparencia, y por sus intenciones propagandísticas.
Exige a García Chamorro y a Concepción Abarca que expliquen públicamente a los más de 6.600 personas paradas registradas en Motril por qué no han tenido las mismas oportunidades que sus familiares y sus amigos
El concejal de IU-Equo, Jose Llorente, ha informado de que su Grupo ha tenido acceso a la información relativa a las contrataciones de auxiliares de vigilancia para las playas de Motril y de Calahonda, a pesar de que el Ayuntamiento se ha negado a facilitarla aduciendo desconocer tanto la relación de las personas finalmente contratados como su lugar de procedencia.
Tras una primera revisión se ha comprobado que, entre las personas contratadas, se encuentran un hijo de la presidenta de la ELA de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, teniente de alcalde y concejala de Relaciones institucionales, comunicación y Parques y jardines del Ayuntamiento de Motril, así como una persona muy cercana a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.
Además, también se encuentra el hijo de un cargo de confianza del equipo de comunicación de la Alcaldía de Motril.
En principio, según lo anunciado por la Junta de Andalucía, este personal percibirá durante los tres meses de duración de su contrato una retribución neta de 1.900 euros mensuales.
El concejal de IU-Equo ha manifestado que, al menos en estos casos, la limpieza del proceso de selección presenta muchas dudas, cuando no presuntos indicios de trato de favor y presuntas irregularidades.
De cualquier modo, desde IU-Equo entendemos que a la vista de la falta de transparencia de la convocatoria y del proceso de selección, la contratación de familiares directos o amigos de cargos políticos con responsabilidades públicas es absolutamente reprobable.
Todos los responsables políticos y aún más los que ostentan cargos públicos, tenemos la obligación ética y moral de ser pulcros, rigurosamente escrupulosos y totalmente ejemplares en estos asuntos.
Según el edil de IU-Equo, estamos ante un asunto institucionalmente muy grave, ya que afecta de lleno al Gobierno andaluz y al Gobierno local de Motril. A su credibilidad y a su manera de hacer las cosas.
Nuestra obligación es denunciarlo porque entendemos que ha podido existir una presunta discriminación hacia las personas paradas de Motril y de su Comarca que, en muchos casos, no han tenido la opción de solicitar estas plazas o no han contado con la información necesaria y suficiente para su solicitud en tiempo y forma.
Llorente ha reclamado a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que ofrezca públicas explicaciones de estas circunstancias a los más de 6.600 parados y paradas de Motril que han visto, nuevamente, frustradas sus expectativas de obtener un empleo, incluso en una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo
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