La Fiscalía provincial señala que los hechos denunciados no son constitutivos del delito de prevaricación administrativa y sostiene que la resolución dictada por el Pleno municipal al rechazar la moción presentada por IU-Equo no es contraria a Derecho.
IU-Equo estudia la posibilidad de reproducir la denuncia presentada ante la jurisdicción penal ordinaria.
La Fiscalía provincial de Granada mantiene que la normativa en materia de Memoria Histórica y Democrática no recoge la obligatoriedad de la retirada de la medalla de la ciudad a cargo o entidad alguna del antiguo régimen ni aún que su no retirada pudiera constituir delito de prevaricación.
Según Jose Llorente, concejal de IU-Equo y firmante de la denuncia, se trata de una interpretación contraria a la Ley 52/2007, que en su artículo 15.1 establece que “Las Administraciones Públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la Dictadura.”
Resulta evidente que mantener la medalla de oro de Motril al dictador constituye una mención conmemorativa de exaltación personal de la sublevación militar y de la represión de la dictadura y, por lo tanto, debe ser retirada en cumplimiento de la normativa.
Para el concejal de IU-Equo resulta muy llamativo que la Fiscalía provincial se refiera a “cargos o entidades del antiguo régimen”, una expresión insólita y quizás reveladora que no se utiliza en los textos legales en materia de Memoria Histórica y Democrática, donde todas las referencias al franquismo emplean las expresiones sublevación militar y Dictadura.
De modo sorprendente la Fiscalía sostiene en el Decreto que notifica el Acuerdo de archivar la denuncia que, conforme a la Constitución, su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, pero que esta no le encomienda la defensa directa de la legalidad, sino el ejercicio de las acciones que resulten procedentes en cada caso.
Llorente ha insistido en que la decisión de la Fiscalía no puede ser compartida en ningún caso ni por su formación ni por los vecinos de Motril, por lo que ha reiterado la determinación de IU-Equo de seguir luchando política y judicialmente con todos los medios a su alcance para que se anule la decisión del Ayuntamiento de Motril de mantener honores y distinciones al dictador y genocida fascista.
Por ello, ha informado que desde IU-Equo se está estudiando la posibilidad de reproducir la demanda presentada y rechazada por la Fiscalía provincial ante el Juzgado de Instrucción que resulte competente.
