Exigimos responsabilidades, al menos políticas, por este despropósito en el que ha quedado clara la voracidad privatizadora del gobierno de las derechas motrileñas, su prepotencia y su desprecio hacia los empleados públicos del servicio y hacia la ciudadanía, en definitiva.
Desde IU Verdes Equo se considera que la alcaldesa, como principal responsable de la operación, debe asumir todas las responsabilidades y despedirse de este modo con un mínimo de dignidad de su cargo de primera autoridad municipal, antes de que la acción de la justicia obligue su salida por imperativo legal.
Asimismo, resultaría muy difícil de entender la permanencia del concejal de calidad urbana en su puesto después de esta nueva actuación desastrosa y de haber acreditado suficientemente su incapacidad manifiesta para la gestión de los asuntos municipales que tiene encomendados, además de su talante autoritario y antisindical.
Las consecuencias de estas actuaciones del gobierno de García Chamorro suponen, además de un daño reputacional a la administración local de Motril que tendrá sus consecuencias institucionales, una mala utilización de los recursos públicos invertidos en el proceso que se perderán en el intento con el consiguiente impacto en las arcas municipales, por lo que el gobierno municipal también debería responder de ello.
Ha anunciado que su Grupo municipal va a solicitar a la intervención municipal una valoración de los costes económicos en que se han incurrido para llevar a cabo este procedimiento contractual fallido, para poder situar adecuadamente el dinero de los motrileños que se ha malgastado sin el debido rigor y lealtad presupuestaria.
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