IU Verdes Equo defiende en una moción que ha presentado para su debate en el próximo pleno, que es necesaria la reestructuración de las actuales oficinas de distrito para que, además de su función como órganos de gestión administrativa descentralizada, se configuren como instrumentos de participación ciudadana en la que los vecinos, vecinas y residentes en las mismas puedan obtener información, así como supervisar, controlar y participar en la gestión municipal de los asuntos que afecten al distrito, en los términos legalmente establecidos.
Para ello, propone reestructurar orgánicamente, en cuanto a su composición y funciones, las actuales oficinas municipales de distrito para convertirlas en Juntas de distrito que se configuren como instrumentos de participación vecinal y ciudadana en los asuntos que afecten a los barrios integrados en dicho ámbito territorial.
En su propuesta, la coalición de izquierdas ecologista, propone que las Juntas municipales de distrito desarrollen, entre otras, las siguientes funciones:
Fomentar las relaciones entre la Corporación y el vecindario respectivo, facilitando al mismo su participación en la gestión municipal y el acceso a la información de interés.
Informar y recabar información acerca de los planes y proyectos municipales que afecten al distrito.
Proponer anualmente actuaciones e inversiones necesarias para el distrito
Trasladar a las áreas municipales competentes las peticiones de intervención municipal formuladas desde el vecindario.
Según el edil de la formación, no deja de ser llamativo que este proceso se esté dilatando de esta forma en el tiempo, cuando estamos asistiendo a otras actuaciones judiciales que se están resolviendo con una celeridad inusitada. En tres meses de instrucción, un juez ha citado a declarar a numerosos testigos, incluido el presidente del gobierno, y adoptado numerosas resoluciones y providencias por una denuncia presentada por una organización mafiosa, partidos de la ultraderecha y sectas religiosas.
Sin embargo, en tres años, tras una denuncia de la Fiscalía, un juzgado de Motril no ha concluido aún la investigación por el presunto delito de malversación del dinero de los motrileños y motrileñas.
Desde el Grupo municipal han manifestado su acuerdo con que la jueza haya sobreseído en su auto la causa contra la secretaria del Grupo municipal y la concejala entonces tesorera del Grupo, al resultar acreditado que habría sido la propia García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias sin que las otras investigadas tuvieran intervención en la decisión ni capacidad para cuestionar su materialización, pues las transferencias eran ordenadas por quien ostentaba la dirección del partido y amplias facultades de administración y decisión sobre el dinero existente en la cuenta corriente de dicho Grupo Municipal procedente de los presupuestos del Ayuntamiento
García Llorente ha vuelto a reiterar la petición de dimisión de la alcaldesa de Motril. Por decencia política, por respeto a la ciudad, a sus vecinos y vecinas, García Chamorro debe dimitir, sin mayor dilación y abandonar su responsabilidad como máxima edil de la ciudad, ha declarado.
Diferentes informes sobre la situación de la vivienda señalan que Motril es un municipio en el que conviven problemas que afectan al acceso y mantenimiento de la vivienda de su población: un mercado de alquiler muy vacacional orientado al período estival, precios elevados, poca oferta de alquiler residencial y carencia de vivienda pública, además de escasos recursos de viviendas municipales.
parece evidente que a la alcaldesa y a su equipo de gobierno le interesan más los grandes proyectos urbanísticos, como la creación de un puerto deportivo en playa Granada, campos de golf y segundas residencias. Desde luego, no parece que entre sus prioridades se encuentre atender las necesidades de las familias jóvenes de una vivienda digna y en condiciones económicas proporcionales a sus ingresos, ha denunciado el edil de la formación de izquierdas.
