Izquierda Unida ha registrado en la Delegación de Hacienda y AAPP de la Junta un escrito en el que se insta a la Administración a que se dictaminen contable y jurídicamente los detalles de la prórroga por veinte años de la concesión a la empresa Aguas y Servicios, a la vista de las dudas sobre su legalidad que señala una auditoría externa encargada por la Mancomunidad de municipios.
Inmaculada Omiste, concejal de IU Motril y vocal en representación de su Grupo en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, junto con el coordinador provincial de su organización, Manuel Morales, han presentado en la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas de Granada un escrito en el que reclaman que la Consejería investigue la prórroga de la concesión por veinte años a la empresa Aguas y Servicios, al que han adjuntado las alegaciones que su organización presentó a esta prórroga en su momento.
Izquierda Unida ya denunció entonces la presunta irregularidad de esta prórroga acordada con los votos del PSOE y del PP en 2013, siete años antes de la finalización de la vigencia del contrato.
Recientemente se ha conocido un informe acerca de la ejecución del servicio del Agua durante el período 2010-2013 llevado a cabo por una consultora independiente por encargo de la Mancomunidad, en el que se pone en duda la legalidad de la prórroga y en el que se denuncia la falta de colaboración de la empresa Aguas y Servicios en la realización del trabajo de auditoría. Este informe ha permanecido guardado en un cajón por el Partido Popular, dueño y señor del ente mancomunal durante los últimos años.
La representante de IU ha exigido que el ente comarcal emprenda la actuaciones necesarias para que se depuren las responsabilidades legales que puedan derivarse de este proceder presuntamente irregular. En caso contrario, será su formación la que, velando por el interés de los vecinos y vecinas, ponga en conocimiento de las instancias judiciales oportunas y de la Cámara de Cuentas este Informe de auditoría.
Omiste ha señalado cómo durante el período 2010-2013 la Mancomunidad, con su presidente García Fuentes al frente, ha permitido la falta de control de la empresa concesionaria a cambio de la financiación de eventos ajenos al servicio (como la salida de una etapa de la Vuelta ciclista a Andalucía desde Motril en 2015) y de presumibles favores de carácter político.
La Mancomunidad de municipios gobernada por el Partido Popular ha tenido como único objetivo hacer de la gestión del agua un negocio privado, gravoso para los ciudadanos pero muy rentable para los gestores políticos. Baste recordar que la prórroga –aprobada con los votos del PP y del PSOE en 2013—supuso importantes ingresos para diferentes Ayuntamientos en concepto de “adelanto” (9 millones de euros para Motril, 6 para Almuñécar y 2,2 para Salobreña.
Izquierda Unida defiende, en cualquier caso, que los municipios mancomunados de la Costa se adhieran al Pacto Social por el Agua en defensa de la gestión pública.
