La decisión de la Junta de Gobierno Local de no recurrir sendas sentencias judiciales por la que se condena a la Corporación a la readmisión de una trabajadora contratada y al reconocimiento de la categoría del Gerente de Limdeco, además del pago de cerca de 60 mil euros en indemnizaciones constituyen dos ejemplos clamorosos de una gestión interesada para favorecer a dos personas concretas, creando un grave perjuicio a los intereses de la ciudad.
A pesar de poder haber recurrido, en ambos casos el gobierno local ha adoptado la alternativa más gravosa para las arcas municipales: incorporar a los trabajadores a la plantilla de forma indefinida y, además, indemnizarles con cerca de 60 mil euros en total.
Una actitud generosa, a juicio de Daniela Paqué, con dos personas concretas ‑-con vínculos familiares o de amistad con determinados responsables políticos municipales—que supone su entrada por la puerta de atrás en la función pública, vulnerando de este modo el precepto constitucional que establece que el acceso a la función pública estará regulado por la Ley garantizando en todo caso los principios de mérito y capacidad.
Esta insólita generosidad contrasta con la ausencia de convocatorias de empleo público al Ayuntamiento de Motril en los últimos años, por lo que los ciudadanos y ciudadanas no han tenido oportunidad de incorporarse a la Administración, a pesar de que están registrados en la oficina del paro de Motril cerca de seis mil personas. Una situación claramente discriminatoria hacia estas personas.
La portavoz de IU ha exigido responsabilidades políticas y administrativas, en su caso, al Teniente de Alcalde y presidente del Consejo de Administración de Limdeco, Sánchez Cantalejo y a Antonio Escámez, Teniente de alcalde de Urbanismo, al considerarlos principales responsables de estas decisiones. Desde Izquierda Unida se considera que en ambos casos se han llevado a cabo actuaciones que han propiciado la resolución judicial en contra de los intereses municipales, bien por falta de diligencia, bien por dejadez o con una intencionalidad manifiesta lo que, en cualquier caso, resultaría sumamente grave.
En el caso de la nueva contratación de la extrabajadora municipal, se trata de una decisión insólita, ya que que nunca hasta ahora el Ayuntamiento de Motril había optado por la readmisión sino por la indemnización acordada, en casos como este.
En el caso del Gerente de Limdeco, se producen estas circunstancias al tiempo que desde la Intervención de Fondos del Ayuntamiento se ha dado trasladado a la Alcaldía de un Informe de Control Financiero de Nóminas de LIMDECO durante 2016 que señala numerosas irregularidades en la gestión de la empresa, destacando que la gestión de Limdeco no puede concebirse al margen del Ayuntamiento que la ha constituido y que, por lo tanto, no puede funcionar como si se tratara de una entidad privada cualquiera.
