Reclamamos al gobierno de la Junta de Andalucía y al gobierno central, actuaciones para facilitar el acceso a una vivienda a la población en general y a las familias trabajadoras en particular.
En Andalucía, con competencias plenas en materia de vivienda recogidas en su Estatuto de Autonomía, los datos de emergencia habitacional son alarmantes. Durante 2023 se produjeron 4.451 desahucios, la mayor parte de viviendas en alquiler.
La portavoz municipal de IU Verdes Equo, Inma Omiste, ha informado de la moción que han presentado para su debate en el próximo pleno en la que instan a la Junta de Andalucía y al gobierno central a la adopción de medidas para garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía en el ámbito de la comunidad autónoma.
Ha recordado que el derecho a la vivienda es uno de los pilares del estado de bienestar y, asimismo, es un deber de todas las administraciones promoverlo en su ámbito competencial. Sin embargo, entre 2017 y 2022 sólo se han construido únicamente 100 viviendas protegidas en Andalucía y un número insignificante de este tipo de promociones en nuestra ciudad, en Motril.
Omiste ha denunciado el incremento generalizado e inasumible de los precios de alquiler en los últimos años (28% en la Costa) y de los precios de compra (22% en Granada ciudad y 23% en la Costa). Una circunstancia a la que se suma el insuficiente nivel salarial de los trabajadores y trabajadoras y la proliferación de viviendas de uso turístico lo que está provocando que los rentistas y grandes tenedores estén multiplicando sus ingresos.
Desde IU Verdes Equo se critican las limitaciones del decreto de la Junta de Andalucía sobre viviendas de uso turístico, reclamando a la administración andaluza regular este tipo de viviendas y limitar su número, una proliferación de este tipo de viviendas que afecta directamente a la costa de Granada.
Según la portavoz de la coalición de izquierdas, Motril no es una excepción a los graves problemas de acceso a la vivienda que sufre nuestro país. Durante los últimos años se ha podido observar un aumento importante de las personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, multiplicándose las demandas de vivienda social, especialmente entre personas en riesgo de exclusión y los jóvenes.
Inma Omiste ha valorado positivamente la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución, destacando entre otras medidas que incorpora la posibilidad de aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente. Asimismo la norma permite incrementos en las cuotas en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas desocupadas pertenecientes al mismo titular en el término municipal.
En este sentido, ha señalado que la declaración de zonas tensionadas permitiría regular los precios de los nuevos contratos de alquiler, con el fin de contener la escalada de precios y el recargo en el IBI contribuiría a ampliar la oferta de alquiler. Ambas medidas mejorarían las condiciones para el acceso a una residencia habitual de jóvenes y personas en riesgo de exclusión social.
Asimismo se reclama al gobierno de España a abatir un proceso de diálogo con la participación de agentes sociales, políticos y económicos para que se avance en el desarrollo efectivo de los principios generales de la Ley, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda a través de la intervención pública en la materia.
