Categoría: mociones pleno

Proponemos blindar la gestión pública de los servicios municipales descartando externalizaciones

La privatización del servicio de limpieza municipal por la falta de capacidad de gestión de un gobierno local debe entenderse como un fraude a la ciudadanía que ha entregado su apoyo a una candidatura para que gestione los asuntos municipales de un modo eficaz, no para que se desentienda de ella  y ponerla en manos del mercado como un negocio que genere beneficios para unos cuantos en lugar de servicios para todos.
El portavoz municipal de IU Verdes Equo ha señalado que, en los últimos años, hemos asistido a la privatización de determinados servicios públicos municipales y mancomunados, un proceso iniciado en el año 1995 con la externalización del servicio de gestión del ciclo integral del agua y del mantenimiento de parques y jardines y de la limpieza de determinados sectores de la ciudad. 
Unos procesos que, en cualquier caso, no se han evaluado para determinar su rentabilidad ni las posibles mejoras en el servicio. La principal consecuencia para la ciudadanía ha sido la subida en los recibos que pagan por dichos servicios, sin que se esté percibiendo una mejora en la calidad de su prestación.
Denuncia que este ataque a los servicios públicos es uno de los “elementos fundamentales de la ideología neoliberal”: la privatización de actividades con más expectativas de beneficio (sanidad), ventas a bajo precio de empresas bien gestionadas y rentables (el agua), recortes y reformas que amenazan gravemente la calidad de servicios esenciales (educación y sanidad públicas, seguridad, dependencia, servicios municipales, servicios sociales, etc)  o el acceso de la población a los mismos dependiendo de sus ingresos (incremento de tasas, descenso de becas o copagos sanitarios).

Según el portavoz de IU Verdes Equo, no es oro todo lo que reluce en este modelo privatizador. Debe ser motivo de preocupación la falta de regulación de la privatización, lo que puede terminar provocando el vacío de las arcas municipales o problemas asociados a la corrupción. 

Conviene conocer las dificultades de las privatizaciones, como son la pérdida de un mayor control sobre la prestación del servicio, la confección de los pliegos y el encarecimiento del producto por el beneficio industrial.

Si existiera un programa claro de privatizaciones y de traspaso de dinero público al sector privado, muchas de las cosas que estamos viendo estos días, no estarían sucediendo. Por otro lado, las privatizaciones tienen una difícil vuelta atrás, dada la complejidad de los procedimientos legales y administrativos.

Llorente, ha señalado que en la moción que presentarán al próximo Pleno reclaman, asimismo, una auditoría de esos servicios para poder valorar con datos objetivos su rentabilidad económica y social y la calidad de los servicios que se han venido prestando.
En cualquier caso, IU Verdes Equo reitera su apoyo a la posición de la Representación Legal de los Trabajadores en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el conflicto con el gobierno local. 

Reclamamos al gobierno andaluz el abono de su deuda con Motril por impago de su participación en los tributos de la Comunidad Autónoma

El incumplimiento de la PATRICA no tiene justificación alguna ni por el contexto institucional, ni por razón alguna económica–ha afirmado–.. 

García Llorente, ha señalado que las administraciones locales están sufriendo  en los últimos años las consecuencias de las crisis económicas derivadas de la pandemia, de las guerras de Ucrania y Palestina, de la crisis energética y la inflación, sin que se haya abordado un nuevo modelo de financiación que garantice la autonomía local y la suficiencia financiera de los ayuntamientos, lo que dificulta, aún más, la labor de las entidades locales, que ven cómo se amplían las competencias que tienen que asumir y desarrollar en sus ámbitos locales.

Sostienen desde IU Verdes Equo que sólo el pago de los 417.789 euros que le corresponden a la ciudadad en 2024, supondría unos ingresos esenciales para que el Ayuntamiento de Motril pudiera acometer proyectos en beneficio del interés general y de la ciudadanía motrileña, como mejoras en las instalaciones de los centros educativos, de las instalaciones deportivas existentes, en los barrios y en el mantenimiento y limpieza de la ciudad, etc.

Llorente ha criticado al Partido Popular en Motril que  siempre ha reclamado el pago de esta participación, denunciando a la Junta de Andalucía por este incumplimiento, pero que  ahora calla cínicamente por ser  Moreno Bonilla el presidente del gobierno andaluz, anteponiendo, de este modo, sus intereses de partido a los intereses de los motrileños y motrileñas,  como viene haciendo con otros incumplimientos del gobierno andaluz con nuestra ciudad.

Reclamamamos una política municipal para favorecer el acceso a la vivienda protegida y programas de alquiler para jóvenes y mayores

En estos últimos años, no han dejado de construirse nuevas viviendas en Motril, fundamentalmente en playa Granada. Viviendas para segundas residencias y para inversores, para la especulación inmobiliaria. Viviendas en venta a precios prohibitivos para las familias trabajadoras.  Viejas recetas que ya sabemos a lo que conducen —ha valorado—.

García Llorente ha criticado que el gobierno local se está desentendiendo de un problema real de la ciudadanía mientras que se felicita por ser un atractivo de inversores en términos de vivienda. Este es su modelo de vivienda. Un modelo insolidario y antisocial.

El gobierno de García Chamorro justifica el incumplimiento del Plan de Vivienda por las “dificultades de la coyuntura económica”. Unas dificultades que, al parecer, no impiden que se construyan viviendas para los más ricos, para la población con mayor poder adquisitivo, pero que no permiten que los vecinos de Motril, en especial las familias más jóvenes, tengan acceso a una vivienda digna.

Porque sigue sin haber promociones de viviendas protegidas, ni de alquiler con opción a compra o específicamente dirigidas a las familias más jóvenes, a pesar de que en estos últimos años, el número de demandantes inscritos en el registro municipal se ha incrementado, situándose  en 427 personas con necesidades de una vivienda.
Con la modificación y actualización del Plan de Vivienda pretendemos —ha informado García Llorente— que sus objetivos  tengan que ver con las necesidades de la ciudadanía motrileña, de un modo especial, en lo referido a fomento de la vivienda protegida en venta o en alquiler y en apartamentos dotacionales en alquiler para jóvenes y personas mayores.

Reclamamos, así mismo, —ha apuntado— la puesta en funcionamiento de una Comisión técnica de seguimiento del Plan que ya estaba prevista en el plan vigente, pero que el gobierno de García Chamorro no ha reunido ni una sola vez.