“A pesar de que la Junta de Andalucía afirma mejoras sustanciales en la atención sanitaria, la falta de transparencia en esta información impide contrastar estas afirmaciones y dificulta la evaluación de políticas públicas de salud. Además, hay que resaltar que la publicación de estos datos no solo es posible, sino que ya se realiza en la mayoría de las comunidades autónomas. La ciudadanía andaluza tiene derecho a conocer el número real de personas pendientes de pruebas diagnósticas y los tiempos de espera”.