La concejala de IU-Equo mantiene que, mientras que la alcaldesa sigue instalada en su realidad paralela, los problemas reales de la ciudad y de sus vecinos y vecinas siguen sin abordarse. Nada se ha hecho para atajar el desempleo estructural que afecta a los motrileños y motrileñas. Nada se está haciendo para proteger el casco histórico de Motril ni para mejorar el centro comercial, más allá de cortar un par de calles y colocar grandes maceteros en el medio. Nada se está haciendo para llevar a cabo el plan de vivienda municipal y ofrecer la posibilidad de acceder a una vivienda a los jóvenes motrileños. Nada se ha hecho para mejorar la cualificación de las mujeres trabajadoras que necesitan reincorporarse al mercado laboral. Nada en la mejora de las playas, especialmente en las instalaciones y equipamientos de la playa de Poniente, Nada se está haciendo, nada se ha hecho, para avanzar en la oferta de alternativas turísticas sostenibles, como podría ser la ampliación y mejora de las instalaciones de la Charca de Suárez.
El Partido Popular, con el apoyo de sus compañeros de viaje (Escámez, Cs y tránsfugas), impone un modelo de ciudad acomodado a los intereses de los grandes propietarios de suelo que desprecia el interés general de la ciudad, de sus vecinos y vecinas y de las generaciones futuras.
El presupuesto municipal aprobado por el Partido Popular y sus socios resuelve de un plumazo cómo abordar estos grandes retos: ladrillo, campos de golf y puertos deportivos. Un modelo anacrónico que se ha demostrado sobradamente ineficaz, medioambientalmente insostenible y socialmente pernicioso. Una apuesta, la del gobierno local de Motril, que pone en riesgo y condiciona gravemente el desarrollo futuro de nuestra ciudad y, en consecuencia, el bienestar de sus vecinos y de sus vecinas.
Motril no es una excepción a los graves problemas de acceso a la vivienda que sufre
nuestro país. Durante los últimos años se ha podido observar un aumento importante de las
personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado,
multiplicándose las demandas de vivienda social, especialmente entre personas en riesgo
de exclusión y los jóvenes. A esto se añade las dificultades que se tienen a la hora de poder
acometer obras de rehabilitación de edificios antiguos, que en nuestra ciudad abundan.
A fecha de 2025, las actuaciones en cuanto a Vivienda de este equipo de Gobierno son
inexistentes, es acuciante implementar política de vivienda haciendo uso de los
instrumentos disponibles, como son los ingresos procedentes de los PMS, con las
finalidades que los rigen: intervenir en el mercado de vivienda y sus precios y garantizar
oferta de suelo suficiente para viviendas de protegidas.
Los motrileños y motrileñas llevan todos estos años escuchando promesas sobre la
creación de Viviendas Protegidas, de hecho, existen más de 400 solicitudes, pero como
tantas de estas promesas caen sobre papel mojado a pesar de que, en el Plan Municipal de
Vivienda del año 2018, se estimaba una necesidad de 2332 viviendas protegidas en el plazo de 10 años.
La realidad es que se han construido apenas 40 VPO en ese periodo de
tiempo.
