La concejala de IU ha manifestado que su formación está convencida que la gestión de los intereses de los ciudadanos debe estar en manos públicas. En el caso del agua, su gestión pública garantizaría, entre otras cosas, el derecho a su suministro básico y su gestión eficaz y eficiente desde la perspectiva del interés de la ciudadanía.
El gobierno de Flor Almón y el PP han rechazado en bloque que la gestión del agua deje de ser un negocio en manos privadas argumentando que la reversión de la concesión supondría una indemnización a la empresa concesionaria de 60 millones de euros, además de la cantidad correspondiente al lujo cesante correspondiente a los 20 años prorrogados a través de ese contrato de dudosa legalidad.
