Estos cuatro meses de gestión de Luisa García Chamorro a la cabeza de su frágil e inconsistente equipo de gobierno están retratando a la perfección el modo de hacer política de la derecha motrileña: gobernar a espaldas de las necesidades y demandas de la gente de la calle y hacerlo únicamente para satisfacer intereses de negocio y operaciones especulativas
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El acceso al nuevo espacio comercial de Motril es un peligro para vecinos, viandantes y conductores.
Omiste ha recordado que su Grupo Municipal ha sido el único que no ha dado su apoyo a la modificación del PGOU que permitió poner en marcha este proyecto, que fue votada favorablemente por los restantes grupos políticos. Cuando se trata de especulación y de grandes negocios que favorecen a intereses privados, el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Andalucista van todos a una. Sus intereses son los mismos, ha declarado la portavoz adjunta de Izquierda Unida.
IU MOTRIL DENUNCIA ANTE LA POLICÍA LAS AMENAZAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
Los comentarios hacen referencia a la convocatoria de una concentración en Motril el pasado 25 de septiembre “Por el derecho a decidir y las libertades democráticas” en Cataluña. Dicha convocatoria había sido comunicada preceptivamente a la subdelegación del Gobierno en Granada, que se dio por enterada. La publicación del cartel en la página de Facebook de IU Motril apoyando la convocatoria obtuvo más de 70 mil visualizaciones, fue compartida 400 veces y recibió cientos de comentarios, gran parte de ellos ofensivos, insultantes o descalificadores hacia los convocantes. Entre los comentarios también se recibieron diversas amenazas explícitas, entre ellas un comentario que, entre otros, ha sido puesto en conocimiento de la policía:
UN BOTÓN DE MUESTRA DE LA GESTIÓN DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO
Falta a la verdad García Fuentes cuando afirma que la cuantía de 57.674 euros corresponden a las gratificaciones entregadas a distintos funcionarios por el concepto de servicios extraordinarios. No es cierto. Esa cantidad corresponde exclusivamente a la percibida por los tres funcionarios denunciados. Del mismo modo, intenta desviar la atención criticando la judicialización de la política, cuando lo que se denuncia es un procedimiento irregular en la gestión de asuntos municipales, no una decisión de carácter político. Parece apelar, en cualquier caso, a la impunidad de los gobernantes para hacer y deshacer a su antojo, al margen de la legalidad vigente. Algo a lo que desgraciadamente están acostumbrados.
