La portavoz municipal de IU Verdes Equo, Inma Omiste, solicita al gobierno local que
cumpla con la ley andaluza del suelo y que los ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo
(PMS) se destinen prioritariamente a viviendas de protección pública o rehabilitación de
viviendas existentes.
Ha recordado que el derecho a la vivienda es uno de los pilares del estado de bienestar y,
asimismo, es un deber de todas las administraciones promoverlo en su ámbito
competencial. Sin embargo, en los últimos 10 años en Motril sólo se han construido 40
viviendas protegidas un número insignificante de este tipo de promociones en nuestra
ciudad.
Omiste ha denunciado como en los últimos años no se ha destinado ni un solo euro de
dinero publico a promoción de viviendas públicas o a rehabilitación, a pesar de que la ley
del suelo de Andalucía establece que prioritariamente los ingresos cuyo origen esté en las
PMS se deben destinar a este fin.
La edil ha detallado como en el año 2024 el Ayuntamiento obtuvo unos ingresos del
Patrimonio Público del suelo de 922.522,23 euros, de los cuales ni un solo euro se destinó a
vivienda.
Motril no es una excepción a los graves problemas de acceso a la vivienda que sufre
nuestro país. Durante los últimos años se ha podido observar un aumento importante de las
personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado,
multiplicándose las demandas de vivienda social, especialmente entre personas en riesgo
de exclusión y los jóvenes. A esto se añade las dificultades que se tienen a la hora de poder
acometer obras de rehabilitación de edificios antiguos, que en nuestra ciudad abundan.
A fecha de 2025, las actuaciones en cuanto a Vivienda de este equipo de Gobierno son
inexistentes, es acuciante implementar política de vivienda haciendo uso de los
instrumentos disponibles, como son los ingresos procedentes de los PMS, con las
finalidades que los rigen: intervenir en el mercado de vivienda y sus precios y garantizar
oferta de suelo suficiente para viviendas de protegidas.
Los motrileños y motrileñas llevan todos estos años escuchando promesas sobre la
creación de Viviendas Protegidas, de hecho, existen más de 400 solicitudes, pero como
tantas de estas promesas caen sobre papel mojado a pesar de que, en el Plan Municipal de
Vivienda del año 2018, se estimaba una necesidad de 2332 viviendas protegidas en el plazo de 10 años.
La realidad es que se han construido apenas 40 VPO en ese periodo de
tiempo.
La nula oferta de vivienda social, la construcción de edificios destinados a segundas
residencias, junto al elevado coste de adquisición de una vivienda, supone un agravante el
problema tanto de emancipación de los más jóvenes, acceso a una vivienda para personas
en riesgo de exclusión social, como de adquisición de vivienda para las familias
trabajadoras.
