El Grupo Municipal de Izquierda Unida votó el lunes 18 en el pleno municipal en contra de la aprobación de los Presupuestos para 2025 elaborados por el gobierno municipal del Partido Popular y PMAS. Consideran que se trata de un presupuesto que sigue el modelo de las derechas: privatización, propaganda, y fiesta; pero no contempla medidas para abordar los problemas del día a día de la ciudadanía motrileña.
El presupuesto inicial sale adelante, un año más, con el rechazo de toda la oposición municipal, de la representación de los trabajadores y de colectivos vecinales al haberse despreciado la participación ciudadana y el diálogo social.
Su portavoz municipal, Inma Omiste, ha manifestado que el equipo de gobierno presume de no subir impuestos, pero no habla del coste que les supone a las familias más vulnerables la eliminación de las ventajas fiscales que la izquierda había conseguido para este colectivo; no habla del elevado coste que supone para la ciudadanía la privatización de los servicios públicos, como ya pasó con la privatización del servicio del agua que no supuso ni una mejora ni un ahorro, sino lo contrario, además del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. Esto es lo que ocurrirá con la externalización del servicio de limpieza que tanto celebra por anticipado el gobierno de García Chamorro ––ha afirmado.
Omiste en su intervención en el pleno ha destacado los principales motivos del rechazo de su Grupo a la aprobación inicial de las cuentas municipales.
Consideran que las inversiones previstas en el presupuesto resultan claramente insuficientes para las necesidades de la ciudad (1 millón de euros), siendo las más destacadas, los 100.000 euros destinados a actuaciones en el ámbito del Programa de Fomento de Empleo Agrario y los 222.000 euros para la Zona de bajas Emisiones, cantidades que son transferidas desde otras administraciones
Las derechas proclaman el aumento de presupuesto en diversas áreas, que supondrá “una revolución” para la ciudad, con cantidades irrisorias y sin proyectos tangibles para ello.
Es el caso de la escasa cantidad destinada a Playas (170 mil euros) o a la Charca de Suárez, dotada de una cantidad mínima para mobiliario (10 mil euros), cuando permanece más tiempo cerrada que abierta. O la subida destinada a la compra de mobiliario para la casa de la Juventud, Formación y Empleo, pero sin políticas para la formación y empleabilidad reales.
Todo ello agravado tras la pérdida, por la deficiente gestión del área, de las subvenciones Programa Joven y Andalucía Activa para la empleabilidad de jóvenes y parados de larga duración mayores de 45.
La partida de subvenciones que se incluye en el presupuesto supone ”hacer de lo excepcional lo ordinario”, denunció la edil Inmaculada Omiste, pues la totalidad de las subvenciones son nominativas, con nombres y apellidos, otorgadas de manera discrecional, a dedo, vulnerando los principios de concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia que deben regir este tipo de ayudas según la Ley de subvenciones.
A juicio de IU Verdes Equo, estamos ante un presupuesto tipo de las derechas, en el que no hay bonificaciones sociales y suprimen líneas de subvenciones excluyendo al tejido cultural y asociativo.
El presupuesto para el Área de Fiestas aumenta considerablemente, destinando a la Cabalgata de Reyes 95.000 euros a una empresa privada para que la gestione, tras las desavenencias del equipo de gobierno con la asociación que la organizaba y realizaba tradicionalmente con un presupuesto reducido procedente en su mayor parte de aportaciones del tejido empresarial y ciudadano.
De este modo, privatiza la Cabalgata pasando de un presupuesto de 15.000 euros a 114.000. Otra muestra más de la voluntad privatizadora de este gobierno y su empeño de convertir en negocio privado cualquier actividad que pueda llevarse a cabo en la ciudad ––ha apuntado Omiste.
El teniente de alcalde, Antonio Escámez, celebró en el pleno este incremento presupuestario, afirmando que el aumento de esta partida se debe a que los motrileños quieren fiestas y si las quieren hay que dárselas.
También ha criticado la situación de la concesión de la zona de aparcamiento regulado, la Zona Azul que en otras ciudades supone una importante fuente de recaudación para las arcas municipales, pero en Motril supone un pago doble, por parte de la ciudadanía al estacionar y del Ayuntamiento, al tener que pagarle cada año los beneficios que la empresa dice no alcanzar y que tiene asegurados como garantía de recaudación por la cláusulas del contrato.
Omiste ha reiterado la necesidad de comprobar la veracidad de las cuentas y documentación aportada por la empresa concesionaria, si no se quiere incurrir en una actuación negligente y, en cualquier caso, estudiar y adoptar las medidas necesarias para que el servicio no sea un coste permanente para la ciudad y cumpla su función recaudatoria.
Desde la formación de izquierdas se ha criticado con dureza la subida de sueldos del equipo de gobierno, al considerarla “desproporcionada” y desconsiderada con las clases populares, con las familias trabajadoras que pelean diariamente para salir adelante con dignidad, en momentos complicados como el actual.
En este sentido, IU Verdes Equo reclama al gobierno local “una reflexión serena y responsable” acerca del alto coste que suponen para las arcas municipales las retribuciones de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, unas retribuciones que consideran “inoportunas”, que no sólo no contribuyen a la dignificación del ejercicio de la política sino que más bien lo hacen a su descrédito y a la desafección de la ciudadanía.
El salario y los costes sociales de la alcaldesa y de los tenientes de alcalde suponen en el borrador inicial del presupuesto de 2025 un gasto anual bruto de 372.562 euros incluyendo las cotizaciones sociales. Se concretan en el salario de 74.1787 euros de la alcaldesa, Luisa García Chamorro; 60.783 en el de Antonio Escámez; 60.783 en el del concejal de Deportes, Daniel Ortega y 45.487 en los salarios de Mari Ángeles Escámez y Juan Fernando Herrera. Todos ellos salarios brutos anuales.
A estos costes deben sumarse el de los asesores y personal de confianza que está a disposición del gobierno local, que supone un gasto presupuestario anual de 428.816 euros. A ello, se le añade el coche oficial, con conductor, del que dispone discrecionalmente a diario la alcaldesa de Motril.
