Ante la próxima modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de diferentes impuestos, entre ellos el de la contribución (Impuesto de Bienes Inmuebles), el Grupo municipal de Izquierda Unida ha anunciado que defenderá una bajada en los recibos, especialmente en los de los contribuyentes con menores recursos económicos.
Izquierda Unida solicitará al equipo de gobierno que los presupuestos municipales para el próximo año recojan una bajada significativa del recibo de la contribución (Impuesto de Bienes Inmuebles) que beneficie sobre todo a las familias más desfavorecidas.
La formación de izquierdas considera que, a pesar de lo que se ha querido vender, en los últimos años los impuestos que pagan los ciudadanos/as de Motril han subido una barbaridad, incrementándose la presión fiscal de forma muy considerable.
Con anterioridad a la elaboración de los presupuestos, será necesaria la adecuación de los tipos de gravamen aplicables al recibo del IBI como consecuencia de la revisión integral de los valores catastrales a partir de enero de 2016. Por ello, propone que por medio de bonificaciones y subvenciones se actúe con carácter progresivo para la reducción de los recibos de los contribuyentes que sean propietarios de una vivienda, es decir, para su uso residencial. Estas bonificaciones o subvenciones irán dirigidas, preferentemente, a parados de larga duración y a las familias numerosas, a éstas últimas de forma proporcional a sus ingresos económicos –no como hasta ahora que todas ellas se beneficiaban de una deducción del 90%, con independencia de su capacidad económica–.
Izquierda Unida defenderá que la prioridad de los presupuestos para el próximo año debe ser el gasto social, que es la deuda más importante que tiene el Ayuntamiento de Motril, según ha declarado Daniela Paqué, portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, que ha emplazado a los responsables municipales a que valoren otras vías de financiación que compensen la previsible merma de ingresos que pueda suponer la bajada en los recibos.
Ha apuntado, entre otras, el establecimiento de recargos en las viviendas que permanezcan vacías, el pago de cuotas tributarias por parte de las viviendas “diseminadas” (construcciones ilegales en suelo rústico), los recargos para algunos usos no residenciales en función del valor catastral o la aplicación de tasas a las grandes superficies y a las empresas grandes generadoras de residuos.
