Solicita la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que establece que los concejales tránsfugas no pueden percibir remuneraciones económicas, en relación con el concejal y la concejala no adscritos Susana Peña y Daniel Ortega que abandonaron su grupo político para formar parte del equipo de gobierno.
Las retribuciones económicas que perciben estos dos concejales por las competencias que tienen delegadas ascienden en conjunto a 63 mil euros anuales.
Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Motril han solicitado a la alcaldesa García Chamorro que ponga fin a esta situación irregular, cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo y con el pacto anti transfuguismo suscrito por todas las fuerzas políticas en el ámbito estatal.
Jose Llorente, concejal de IU-Equo ha señalado que con la incorporación de estos dos concejales tránsfugas la alcaldesa García Chamorro ha eludido el cumplimiento de la legalidad e incumplido claramente el pacto contra el transfuguismo con la única pretensión de blindar una mayoría de la que quizás ella misma duda.
Según el edil de IU-Equo, la integración de estos dos concejales en el equipo de gobierno ha supuesto, únicamente, sumar dos votos más a las propuestas del gobierno local, pero los costes económicos para la Corporación y para la ciudad son importantes, 66 mil euros anuales.
El transfuguismo político, además de una deslealtad con la organización a la que se pertenece, supone el falseamiento de la representación política, ya que tuerce la voluntad expresada por la ciudadanía con sus votos. En este sentido, Llorente ha afirmado que, desde Izquierda Unida, defendemos la necesidad de un compromiso ético de la función política asumido por todos quienes desempeñamos responsabilidades en cualquier ámbito público.
