El Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de la Junta de Andalucía ha anulado la licitación del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Motril y le obliga a iniciar de nuevo el procedimiento. Considera que no cumple la normativa laboral vigente y no ha tenido en cuenta el convenio colectivo y los acuerdos firmados con los trabajadores.
De este modo la resolución del Tribunal Administrativo pone fin a la estrategia del gobierno de García Chamorro y Antonio Escámez de criminalizar a los trabajadores y trabajadoras del servicio, haciéndoles responsables de todos sus males, dificultando su derecho legítimo a la movilización, acusándolos de actuar de mala fe y amenazándolos con multas y sanciones disciplinarias.
Queda ahora en evidencia, por un lado, la incapacidad manifiesta del gobierno de las derechas de gestionar con eficacia y rigor los asuntos municipales y, por otro, que su única intención no es mejorar la prestación del servicio sino privatizar un servicio básico y fundamental, a cualquier coste, sin respetar los derechos de los trabajadores y sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Todo ello en el marco del desmantelamiento de los servicios públicos municipales en Motril emprendido por el PP con la complicidad de la familia Escámez.
Exigimos responsabilidades políticas, por este despropósito en el que ha quedado clara la voracidad privatizadora del gobierno de las derechas motrileñas, su prepotencia y su desprecio hacia los empleados públicos del servicio y hacia la ciudadanía, en definitiva.
Desde IU Verdes Equo se considera que la alcaldesa, como principal responsable de la operación, debe asumir todas las responsabilidades y despedirse de este modo con un mínimo de dignidad de su cargo de primera autoridad municipal, antes de que la acción de la justicia obligue su salida por imperativo legal.
Asimismo, resultaría muy difícil de entender la permanencia del concejal de calidad urbana en su puesto después de esta nueva actuación desastrosa y de haber acreditado suficientemente su incapacidad manifiesta para la gestión de los asuntos municipales que tiene encomendados, además de su talante autoritario y antisindical.
Las consecuencias de estas actuaciones del gobierno de García Chamorro suponen, además de un daño reputacional a la administración local de Motril que tendrá sus consecuencias institucionales, una posible mala utilización de los recursos públicos invertidos en el proceso que se perderán en el intento con el consiguiente impacto en las arcas municipales, por lo que el gobierno municipal también debería responder de ello.
En este sentido, se preguntan si García Chamorro y el concejal Hernández propondrán la imposición de multas y sanciones para los miembros del equipo local y para los responsables del servicio de contratación municipal, que está viendo como muchas de sus propuestas de contratación están siendo revisadas y corregidas por las autoridades competentes en la materia.
Ha anunciado que su Grupo municipal va a solicitar a la intervención municipal una valoración de los costes económicos en que se han incurrido para llevar a cabo este procedimiento contractual fallido, para poder situar adecuadamente el dinero de los motrileños que se ha malgastado sin el debido rigor y lealtad presupuestaria.
