La respuesta del gobierno local ante la paralización de la licitación del contrato de limpieza por parte de la Junta de Andalucía ha sido la solicitud de sanciones y multas a la Representación Legal de los Trabajadores por haber ejercido su derecho a presentar recurso.
Jose G. Llorente ha declarado que el gobierno de García Chamorro “ha quedado en evidencia” por la Resolución del Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía, que ha admitido los recursos presentados por la Representación de los trabajadores, señalando diferentes deficiencias e irregularidades y ha paralizado la licitación.
Para tapar su mala gestión e incompetencia el gobierno municipal solicita sanciones y multas por la presentación de estos recursos, un “comportamiento dictatorial” y autoritario que retrata el “carácter antidemocrático” del gobierno del Partido Popular, ha señalado el portavoz de su Grupo municipal.
Se trata de un aviso a navegantes, a vecinos y ciudadanos, por parte del gobierno local –según el portavoz de IU Verdes Equo– para que se piensen dos veces presentar cualquier recurso a las actuaciones y resoluciones de la administración municipal, ya que se les podría acusar de “mala fe” como hace ahora el gobierno municipal con la Representación Legal de los Trabajadores.
Llorente ha criticado este modo de actuar del gobierno municipal que ha hecho de él su seña de identidad al frente de la gestión de los asuntos municipales, junto con la ausencia de transparencia y la utilización partidista de Telemotril. “Luisa García Chamorro no gestiona, posa”, ha enfatizado.
Según el edil de calidad urbana, el ayuntamiento no ha presentado las alegaciones que le ha solicitado la Junta de Andalucía por un “fallo técnico”, sin embargo sí que solicita sanciones y multas para los sindicatos que han presentado recursos a los pliegos de contratación. Todo un ejemplo de incompetencia y filibusterismo político, tan propio de las derechas motrileñas.
Desde IU Verdes Equo se considera que el concejal de calidad urbana ha acreditado suficientemente a lo largo de su mandato su “incapacidad manifiesta” para la gestión del Área que tiene delegada, su evidente incompetencia y su “comportamiento antisindical y poco democrático”.
Por todo ello, a juicio de la formación de izquierdas, el concejal Hernández debería presentar la dimisión de forma inmediata por responsabilidad con la ciudad y con sus vecinos. En caso contrario, la alcaldesa debería cesarlo sin mayor dilación.
