Desde Izquierda Unida se han formulado las preguntas pertinentes para conocer qué
medidas está adoptando el equipo de gobierno para garantizar el correcto funcionamiento
de la perrera, recordando que se trata de dinero público, de todos los motrileños y
motrileñas, que se está destinando a un servicio que no se está prestando adecuadamente.
El Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar, exigir y sancionar los incumplimientos, y
no lo está haciendo.