Motril no es una excepción a los graves problemas de acceso a la vivienda que sufre
nuestro país. Durante los últimos años se ha podido observar un aumento importante de las
personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado,
multiplicándose las demandas de vivienda social, especialmente entre personas en riesgo
de exclusión y los jóvenes. A esto se añade las dificultades que se tienen a la hora de poder
acometer obras de rehabilitación de edificios antiguos, que en nuestra ciudad abundan.
A fecha de 2025, las actuaciones en cuanto a Vivienda de este equipo de Gobierno son
inexistentes, es acuciante implementar política de vivienda haciendo uso de los
instrumentos disponibles, como son los ingresos procedentes de los PMS, con las
finalidades que los rigen: intervenir en el mercado de vivienda y sus precios y garantizar
oferta de suelo suficiente para viviendas de protegidas.
Los motrileños y motrileñas llevan todos estos años escuchando promesas sobre la
creación de Viviendas Protegidas, de hecho, existen más de 400 solicitudes, pero como
tantas de estas promesas caen sobre papel mojado a pesar de que, en el Plan Municipal de
Vivienda del año 2018, se estimaba una necesidad de 2332 viviendas protegidas en el plazo de 10 años.
La realidad es que se han construido apenas 40 VPO en ese periodo de
tiempo.