En estos últimos años, no han dejado de construirse nuevas viviendas en Motril, fundamentalmente en playa Granada. Viviendas para segundas residencias y para inversores, para la especulación inmobiliaria. Viviendas en venta a precios prohibitivos para las familias trabajadoras. Viejas recetas que ya sabemos a lo que conducen —ha valorado—.
García Llorente ha criticado que el gobierno local se está desentendiendo de un problema real de la ciudadanía mientras que se felicita por ser un atractivo de inversores en términos de vivienda. Este es su modelo de vivienda. Un modelo insolidario y antisocial.
El gobierno de García Chamorro justifica el incumplimiento del Plan de Vivienda por las “dificultades de la coyuntura económica”. Unas dificultades que, al parecer, no impiden que se construyan viviendas para los más ricos, para la población con mayor poder adquisitivo, pero que no permiten que los vecinos de Motril, en especial las familias más jóvenes, tengan acceso a una vivienda digna.
Porque sigue sin haber promociones de viviendas protegidas, ni de alquiler con opción a compra o específicamente dirigidas a las familias más jóvenes, a pesar de que en estos últimos años, el número de demandantes inscritos en el registro municipal se ha incrementado, situándose en 427 personas con necesidades de una vivienda.
Con la modificación y actualización del Plan de Vivienda pretendemos —ha informado García Llorente— que sus objetivos tengan que ver con las necesidades de la ciudadanía motrileña, de un modo especial, en lo referido a fomento de la vivienda protegida en venta o en alquiler y en apartamentos dotacionales en alquiler para jóvenes y personas mayores.
Reclamamos, así mismo, —ha apuntado— la puesta en funcionamiento de una Comisión técnica de seguimiento del Plan que ya estaba prevista en el plan vigente, pero que el gobierno de García Chamorro no ha reunido ni una sola vez.
