Exigimos la modificación de Ordenanzas Fiscales para favorecer a comerciantes, familias y desempleados

Izquierda Unida viene denunciando durante todo el mandato de Flor Almón el incumplimiento reiterado por parte del gobierno local de las mociones aprobadas por el Pleno de la Corporación. Una falta de compromiso que entiende como un desprecio a las reglas de funcionamiento democrático de la institución municipal y, sobre todo, a la ciudadanía, al ignorar las propuestas acordadas por el órgano de representación municipal de todos los motrileños y motrileñas.

El Ayuntamiento de Motril sigue cobrando tasas a los parados por acceso al empleo

Estamos ante otro claro ejemplo del desentendimiento y de indiferencia de Flor Almón y del Partido Socialista hacia los problemas reales de la ciudadanía. Una falta de voluntad política que se evidencia en el hecho de que el paro está enquistado en Motril situándose en torno a las seis mil personas desempleadas.

El Ayuntamiento de Motril perdona a los bancos miles de euros de tasas por la instalación de cajeros automáticos

Se da la circunstancia de que un quiosco de prensa o  una caseta de venta de churros de 2 metros cuadrados ubicados en la vía pública, está pagando una tasa de 581,8 euros anuales, mientras que un cajero del BBVA, o del Banco de Santander, o de cualquier otra entidad financiera no está pagando nada. Christian Linares, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Motril, ha denunciado esta situación y ha reclamado a Flor Almón que corrija este despropósito.

Izquierda Unida reclama el cumplimiento de diversas mociones de carácter social aprobadas por el Pleno

Ya es hora de que la política municipal se dirija prioritariamente a las familias que están padeciendo el paro y la precariedad en el empleo y a los colectivos más vulnerables de nuestro municipio, ha afirmado.
Para la portavoz de Izquierda Unida, la actuación del gobierno local de Motril evidencia, una vez más, una manera de entender la política municipal que es necesario superar, ya que supone un desprecio hacia la ciudadanía y a las instituciones democráticas que velan por el respeto a sus derechos, como es el caso del Defensor del Pueblo Andaluz.