A juicio de Izquierda Unida esta dilación, marcada por continuos aplazamientos y falta de avances, no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que perpetúa una situación de incertidumbre que daña profundamente la imagen de nuestra ciudad y el derecho de los motrileños a una administración transparente.
La investigación, que examina el uso indebido de 12.151 euros de fondos públicos del grupo municipal del PP y de la Diputación de Granada para pagar costas procesales de una condena personal de la alcaldesa, sigue estancada en la fase de instrucción.
Mientras tanto, García Chamorro gestiona un presupuesto municipal para 2025 de más de 64 millones de euros, lo que sitúa la enorme responsabilidad de su cargo y debería determinar la necesaria ejemplaridad de sus comportamientos. En Izquierda Unida se considera que resulta inaceptable que quien administra estos recursos públicos permanezca bajo sospecha de malversación sin que la justicia actúe con la rapidez necesaria.
Además, percibe un salario anual bruto de 72.000 euros, aprobado en junio de 2023 tras un incremento del 19% respecto a los 53.000 euros que cobraba anteriormente, superando incluso en ese momento el sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (71.667,36 euros). Esta subida, que también benefició a los tenientes de alcalde con un aumento del 31% (de 40.000 a 59.000 euros), fue criticada por la oposición como “desproporcionada” y “carente de sensibilidad” en un contexto de dificultades económicas para muchas familias motrileñas.
Que la alcaldesa continúe disfrutando de este elevado salario mientras el proceso judicial se dilata indefinidamente es un agravio para la ciudadanía, que exige transparencia y responsabilidad ––ha declarado el coordinador local de IU, Jose G. Llorente––.
La justicia debe ser pronta para ser efectiva. Cada día que pasa sin avances en este caso refuerza la percepción de impunidad y debilita la credibilidad de las instituciones. Los motrileños merecen saber si la persona que gestiona millones de euros de sus impuestos incurrió en un delito tan grave como la malversación.
No puede ser admisible que la lentitud judicial se convierta en un escudo para eludir responsabilidades, ha enfatizado el responsable político de IU Motril, que reivindica una justicia independiente, rápida, transparente y al exclusivo servicio de la ciudadanía.