la justicia considera “verosímil” que la alcaldesa recibió en sus cuentas particulares diversos abonos de cantidades desde su Grupo municipal en el Ayuntamiento de Motril y desde su Grupo político en la Diputación de Granada, un dinero público que utilizó, en parte, para el pago de una multa impuesta por una condena firme como autora de un delito de injurias graves con publicidad; es decir, por mentir y difamar a un adversario político.
Dos actitudes, la mentira como recurso político y el indebido uso de recursos públicos, que podrían adornar la trayectoria política de la Alcaldesa de Motril que, de este modo, pasa a engrosar el abundante club de los miembros del Partido Popular imputados o encausados por corrupción, un dudoso honor que pone de manifiesto su concepción de la acción pública para fines muy alejados del interés general de la ciudadanía.
Llorente considera que, “por dignidad personal” la única salida que tiene García Chamorro es dar un paso atrás y alejarse de la vida política, cesando en sus funciones como alcaldesa de la ciudad de Motril.
El portavoz de IU Verdes Equo ha reclamado a los responsables políticos del Partido Popular en Granada y en Andalucía que, por coherencia política, den la cara y no mantengan un silencio cómplice como hasta ahora y aparten a Luisa García Chamorro de sus cargos de responsabilidad en el Partido (García Chamorro preside el Partido Popular en Motril y es miembro de su dirección provincial en Granada).
El Partido Popular debe dejar clara su distancia y condena de este tipo de actuaciones en las que se han visto involucrados miembros de su formación en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granada, por lo que también ha sido citada como testigo en el procedimiento la entonces portavoz del Grupo Popular en la Diputación, hoy senadora por Granada de su partido, Inmaculada Hernández.
ha recordado que la alcaldesa de Motril tiene un sueldo anual desde junio de 2023 de 72.000 euros, por encima del que percibe la alcaldesa de Granada, 70.969 y del que percibía el presidente de la Junta de Andalucía en esa misma fecha, que era de 71.667 euros.
