La lucha social de colectivos y ciudadanos en apoyo de esta familia ha conseguido detener una nueva tropelía de las entidades financieras y denunciar la lentitud, cuando no la inoperancia, de las administraciones para defender derechos fundamentales de las personas.
Vanesa y Omar, con sus cuatro hijos menores, se han visto envueltos en una situación delirante desde el día 3 de agosto que se encontraron cambiada la cerradura de su domicilio (propiedad del Banco Popular), quedándose dentro todas sus pertenencias.
Impotentes ante la falta de iniciativa del Ayuntamiento – Motril es Municipio libre de desahucios por acuerdo plenario–, las vacaciones en los juzgados y el desentendimiento del Banco Popular, decidieron luchar en la calle. Desde la plaza de España, donde han estado durante varias semanas acampados reclamando su vivienda, han dado a conocer su situación y recabado el apoyo y la ayuda de colectivos sociales, movimientos ciudadanos y personas anónimas que han colaborado para encontrar una solución a su problema.
La presión social ha contribuido a que, finalmente, el Ayuntamiento de Motril pusiera en marcha los procedimientos previstos para que la familia de Vanesa y Omar dispusieran de una vivienda mientras que continuaban con su pelea frente a la justicia y los bancos.
Las múltiples gestiones realizadas en los Juzgados y en oficinas bancarias de Motril y Granada desvelaron que el desahucio se trataba de un “error” entre dos entidades bancarias: el Banco Popular y Bankia que, al parecer, se equivocó de piso para desahuciar. Un despropósito que pone de manifiesto no sólo la falta de sensibilidad social por parte de los bancos si no, sobre todo, el descontrol de las entidades financieras ante el increíble parque de viviendas de su propiedad: la gran banca acumula 63.000 millones en pisos y suelo embargados.
La situación vivida por Vanesa y Omar ha puesto de manifiesto la indefensión de los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos ante los poderosos, especialmente frente a las entidades financieras, que actúan aprovechándose de todos los resquicios legales a su favor y que no encuentran la oposición frontal y decidida que resultaría necesaria por parte de las instituciones en un Estado de Derecho.
También ha demostrado la importancia de la movilización social unitaria, con el concurso de los colectivos antidesahucios, movimientos ciudadanos y organizaciones políticas para combatir estas situaciones y buscar, más allá de respuestas individuales, soluciones colectivas de carácter estructural que atajen de raíz la discriminación y la desigualdad entre las personas.
