Izquierda Unida denuncia la subida de los recibos y cortes de agua a familias sin recursos

Según la portavoz de Izquierda Unida, el modelo de gestión privada del ciclo integral del Agua es el paradigma de la privatización de los servicios públicos, que sólo aporta beneficios para la empresa gestora, que no mejora la calidad en la prestación del servicio y que no atiende a ninguna otra consideración que no sea la de la maximización de sus beneficios económicos.

Ha advertido de que esta situación debe servir de aviso para navegantes en relación con otros servicios públicos en riesgo de privatización, como es el caso de la limpieza urbana y viaria de los municipios donde el Partido Popular, como en Motril, ya ha iniciado la privatización parcial de algunos de los servicios.

Inma Omiste ha declarado que, desde Izquierda Unida seguiremos defendiendo y luchando por la recuperación del servicio para su gestión pública y emplazamos al Partido Socialista a que modifique su posición y se comprometa a la revisión del modelo actual, impulsando el inicio del proceso necesario para su remunicipalización.

IZQUIERDA UNIDA PROPONE BONIFICACIONES EN EL RECIBO DEL AGUA PARA DESEMPLEADOS, PENSIONISTAS y FAMILIAS NUMEROSAS

Izquierda Unida de la Comarca de la Costa Tropical considera inaceptable que la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua, no contemple ningún tipo de exención ni bonificación para los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. Una laguna que constata, según la formación de izquierdas, el modelo de la gestión del agua como un lucrativo negocio del que se benefician empresas privadas.

PSOE Y PP HACEN PIÑA PARA IMPEDIR QUE LA GESTIÓN DEL AGUA DEJE DE SER UN NEGOCIO PRIVADO

La concejala de IU ha manifestado que su formación está convencida que la gestión de los intereses de los ciudadanos debe estar en manos públicas. En el caso del agua, su gestión pública garantizaría, entre otras cosas, el derecho a su suministro básico y su gestión eficaz y eficiente desde la perspectiva del interés de la ciudadanía.

El gobierno de Flor Almón y el PP han rechazado en bloque que la gestión del agua deje de ser un negocio en manos privadas argumentando que la reversión de la concesión supondría una indemnización a la empresa concesionaria de 60 millones de euros, además de la cantidad correspondiente al lujo cesante correspondiente a los 20 años prorrogados a través de ese contrato de dudosa legalidad.

EL NEGOCIO DEL AGUA: PAGAN LOS CIUDADANOS ¿QUIÉN GANA?

La Mancomunidad de municipios gobernada por el Partido Popular ha tenido como único objetivo hacer de la gestión del agua un negocio privado, gravoso para los ciudadanos pero muy rentable para los gestores políticos. Baste recordar que la prórroga –aprobada con los votos del PP y del PSOE en 2013—supuso importantes ingresos para diferentes Ayuntamientos en concepto de “adelanto” (9 millones de euros para Motril, 6 para Almuñécar y 2,2 para Salobreña. Izquierda Unida defiende, en cualquier caso, que los municipios mancomunados de la Costa se adhieran al Pacto Social por el Agua en defensa de la gestión pública.