Para Izquierda Unida, la presentación de esta demanda es un acto de responsabilidad política que le corresponde legítimamente en su papel de oposición, como representante de miles de motrileños y motrileñas que depositaron su confianza en su formación en las últimas elecciones municipales. Así se trabaja por Motril, velando por la legalidad vigente, por la transparencia en la gestión de los recursos púbicos y por la adecuada gestión de los asuntos municipales, ha afirmado un portavoz de la formación.
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IU EXIGE A LA MANCOMUNIDAD QUE DEPURE RESPONSABILIDADES POR LA PRORROGA DEL CONTRATO DE AGUAS Y SERVICIOS
Ángel Coello, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Salobreña ha informado de que la privatización del servicio ha supuesto una importante financiación de los ayuntamientos gobernados por PP y por PSOE en la comarca y, también de algunas actuaciones de carácter partidista, a la vez que ha engordado la cifra de negocio e incrementado, en consecuencia, los beneficios de Aguas y Servicios.
En este sentido ha puesto un ejemplo de la indecencia y de la codicia empresarial de esta empresa que, en el caso del corte del agua a cualquier vecino/a por el impago de un recibo de 20 euros, éste deberá abonar 60 euros, más el IVA más los correspondientes intereses de demora.
Izquierda Unida exige la inmediata realización de la auditoría de la etapa de gestión del Partido Popular
En el mes de septiembre pasado, por iniciativa de Izquierda Unida se aprobó por el Pleno la realización de una auditoría interna de gestión de los últimos años del PP en el Gobierno. A día de hoy, siete meses después, no se ha movido un papel ni puesto en marcha investigación alguna, hurtándose a los motrileños, de este modo, el derecho a saber cómo se gestionaron sus dineros durante ese período, extendiendo la sombra de la sospecha al nuevo equipo de gobierno.
EL NEGOCIO DEL AGUA: PAGAN LOS CIUDADANOS ¿QUIÉN GANA?
La Mancomunidad de municipios gobernada por el Partido Popular ha tenido como único objetivo hacer de la gestión del agua un negocio privado, gravoso para los ciudadanos pero muy rentable para los gestores políticos. Baste recordar que la prórroga –aprobada con los votos del PP y del PSOE en 2013—supuso importantes ingresos para diferentes Ayuntamientos en concepto de “adelanto” (9 millones de euros para Motril, 6 para Almuñécar y 2,2 para Salobreña. Izquierda Unida defiende, en cualquier caso, que los municipios mancomunados de la Costa se adhieran al Pacto Social por el Agua en defensa de la gestión pública.
