La diputada andaluza y coordinadora provincial de IULV-CA, Mari Carmen Pérez, ha denunciado hoy en Motril que el gobierno de Susana Díaz ignora, un año más, las necesidades de inversión de la Costa de Granada, condenando a Motril al ostracismo con la complacencia de su alcaldesa, Flor Almón. Pérez ha anunciado que su formación presentará una enmienda a la totalidad al anteproyecto de Presupuestos acordado por el PSOE y Ciudadanos.
Para la diputada andaluza, el anteproyecto de presupuestos presentado por el gobierno andaluz es otra vuelta de tuerca más en la profundización de las desigualdades en Andalucía y la continuidad de políticas contrarias a los intereses de la mayoría de las andaluzas y andaluces.
Un año más, el presupuesto del gobierno andaluz se olvida de la Costa granadina al no destinar inversiones que rescaten la Comarca y Motril de la situación de olvido y abandono que vienen sufriendo en los últimos años.
El anteproyecto acordado por Susana Díaz con Ciudadanos no prevé la menor inversión en 2018 para la ampliación de especialidades en el hospital comarcal de Motril, ni para la rehabilitación de la Fábrica del Pilar, ni para la puesta en marcha de un Plan de dinamización turística y comercial, con inversiones en los equipamientos de playas y la remodelación de las zonas comerciales del centro de la ciudad.
Tampoco ninguna medida de apoyo a la actividad agraria, como la puesta en marcha de un banco de tierras o la escuela de agroecología, ni compromisos de inversión concretos para abordar la canalización de la Presa de Rules.
Mari Carmen Pérez ha denunciado el maltrato de Susana Díaz a las entidades locales andaluzas en general, poniendo como ejemplo el PATRICA (el Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Andalucía) que mantiene el mismo presupuesto que en 2017, a pesar de la importante deuda que acumula la Junta de Andalucía con los ayuntamientos andaluces, que en el caso de Motril alcanza 3,27 millones de euros.
Para Izquierda Unida, el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 sigue sin abordar cuestiones como la desigualdad social, de género y la explotación laboral.
La Renta mínima de inserción tan solo presupuesta 198 millones de euros que alcanzarán únicamente a 45 mil familias (cuatro de cada diez andaluces está en riesgo de pobreza, hay más de un millón de desempleados y desempleadas, y entre los trabajadores y trabajadoras andaluzas se instala la precariedad).
A pesar de esta situación, las herencias de un millón de euros por heredero no van a pagar impuestos, en una comunidad autónoma donde el salario medio es de 1.635 euros y la pensión media es de 818 euros. Una rebaja fiscal que, como siempre, beneficia a los más favorecidos. Una apuesta vergonzosa por las políticas de derechas por parte del PSOE que certifica la falta de credibilidad del gobierno andaluz, que no ejecuta los programas ni materializa las leyes que aprueba, como la de servicios sociales o la de discapacidad.
