Izquierda Unida en la Comarca de la Costa ha reclamado a la Mancomunidad de Municipios que exija a Aguas y Servicios el cese inmediato en el corte del suministro por impago de recibos a aquellas familias que carezcan de recursos económicos. Solicita la elaboración de un protocolo de actuación para estos casos que tenga en cuenta las circunstancias económicas y sociales de los afectados.
Izquierda Unida ha instado al presidente de la Mancomunidad, Sergio García Alabarce, a que defienda los intereses de los vecinos y vecinas y cumpla con su principal cometido: garantizar que la empresa concesionaria Aguas y Servicios lleve a cabo sus actuaciones de forma adecuada, sin cometer abusos en la prestación del servicio.
A pesar de haberlo solicitado por escrito, la Mancomunidad no ha facilitado a Izquierda Unida el número de cortes de agua que se están llevando a cabo en el ámbito de actuación de Aguas y Servicios. No obstante, fuentes de la empresa concesionaria que han pedido no ser identificadas estiman que se llevan a cabo unos 200 cortes de agua por impago de recibos a la semana.
Cuando se produce el corte del agua, la persona afectada está obligada, además de al pago del recibo o recibos pendientes (con los intereses de demora correspondientes), al abono de 60 euros en concepto de reenganche, con independencia del coste del impago. Una operación, ésta, que supone importantes ingresos económicos para la empresa.
Estos cortes de suministros se producen sin ninguna discriminación, recayendo en gran parte sobre familias sin recursos y en situación de vulnerabilidad social. La representante de IU en la Mancomunidad, Inmaculada Omiste, ha reclamado de forma reiterada la elaboración de un protocolo de actuación para estos casos, en los que se tenga en cuenta la situación económica y social de los afectados.
Sin embargo, desde la Mancomunidad se hace oídos sordos a esta reclamación.
Izquierda Unida está llevando a cabo una campaña de movilizaciones para pedir un cambio de rumbo en la Mancomunidad que suponga la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas por encima de cualquier otra consideración, una gestión eficaz y transparente, el cese en los cortes de agua a familias sin recursos y, en definitiva, la gestión pública del ciclo integral del agua.
