Izquierda Unida denuncia públicamente el lamentable estado en el que se encuentra la
perrera municipal, una instalación que, pese a ser denominada oficialmente como albergue,
funciona en la práctica como una perrera y dista mucho de cumplir los mínimos exigibles de
bienestar animal.
Esta denuncia se produce tras la visita realizada por representantes de IU hace apenas dos
días a las instalaciones, de la que salieron profundamente alarmados ante la cantidad de
deficiencias, irregularidades y negligencias detectadas. La situación observada resulta
incompatible con cualquier estándar básico de salubridad, mantenimiento y dignidad para
los animales que allí se encuentran bajo custodia municipal.
Desde IU quieren comenzar reconociendo y agradeciendo la encomiable labor que realizan
las personas voluntarias, que de manera totalmente altruista acuden prácticamente a diario
para atender a los animales y paliar, en la medida de lo posible, las graves carencias del
servicio. Una labor que, conviene recordar, debería estar siendo asumida por la empresa
adjudicataria, que es quien recibe fondos públicos para ello.
Durante la visita, expone Christian Linares, se constataron condiciones absolutamente
inaceptables en los cheniles: paredes cubiertas de suciedad acumulada hasta el punto de
estar ennegrecidas, techos deteriorados que no protegen de la lluvia y provocaron que los
animales quedaran empapados tras el último temporal, pasando frío y humedad. Todo ello
supone un incumplimiento flagrante del contrato municipal, que establece de forma expresa
que las instalaciones deben garantizar el bienestar y la salubridad de los animales,
manteniendo los cheniles en perfecto estado funcional y sanitario.
Linares denuncia la presencia de elementos peligrosos como rejas sueltas que pueden provocar heridas a los perros, así como cerraduras en mal estado. Resulta especialmente
preocupante que, mientras la empresa va a recibir 150.000 euros para la construcción de
nuevos cheniles, existan actualmente varios vacíos y en un estado de abandono evidente.
Antes de ampliar, es imprescindible reparar y acondicionar lo que ya existe.
Otro de los aspectos más llamativos, explican desde IU, fue el estado del vallado perimetral.
En lugar de realizar reparaciones adecuadas, se han colocado parches improvisados:
somieres utilizados como puertas, jaulas de pájaros desmontadas, arquetas de alcantarilla a
modo de contrapeso o marcos de madera.
El vallado requiere una intervención urgente, no solo por seguridad, sino también, para evitar que se sigan produciendo abandonos lanzando
animales por encima de la valla o sustracciones de perros.
El contrato con la empresa recoge, además, otras obligaciones que tampoco se están
cumpliendo. Entre ellas, la garantía de dos paseos diarios de media hora por animal, una
tarea que actualmente recae casi en exclusiva en el voluntariado. De hecho, la propia
información facilitada por el Ayuntamiento reconoce que los tiempos establecidos no se
cumplen, lo que demuestra que el equipo de gobierno es plenamente consciente de la
situación.
Tampoco se están llevando a cabo las campañas divulgativas y de adopción establecidas
por contrato. Las redes sociales de la perrera no registran actividad desde el mes de abril, a
pesar de que el contrato exige al menos dos publicaciones semanales. Han pasado ocho
meses sin información sobre visitas, adopciones o campañas de concienciación, todo ello
con el consentimiento tácito de la alcaldesa, Luisa García Chamorro, que conoce los
incumplimientos y no actúa.
Asimismo, la empresa incluyó en su memoria la celebración de una feria de adopciones en
septiembre de hace dos años, una iniciativa que nunca se ha materializado. Una vez más,
la inacción del gobierno municipal resulta evidente, pese a las continuas denuncias públicas
que se realizan en redes sociales sobre lo que ocurre en estas instalaciones.
Desde Izquierda Unida se han formulado las preguntas pertinentes para conocer qué
medidas está adoptando el equipo de gobierno para garantizar el correcto funcionamiento
de la perrera, recordando que se trata de dinero público, de todos los motrileños y
motrileñas, que se está destinando a un servicio que no se está prestando adecuadamente.
El Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar, exigir y sancionar los incumplimientos, y
no lo está haciendo.
Cuando una empresa incumple y la administración mira hacia otro lado, con la alcaldesa
García Chamorro al frente, el problema deja de ser únicamente empresarial y pasa a ser
una clara dejación de funciones. Hablamos de seres vivos bajo custodia municipal; no es
solo una cuestión de gestión, sino una responsabilidad moral y legal, ha reiterado IU.
La formación de izquierdas entiende que la concejala responsable llegó hace poco a su
puesto, pero expone, “no podemos olvidar que esta situación lleva años así, y por eso,
desde Izquierda Unida exigimos tres cosas muy claras:
1. Una inspección inmediata del albergue.
2. El cumplimiento estricto del contrato o, en su defecto, la rescisión del mismo.
3. La puesta en marcha de un plan público, con plazos realistas, que garantice el
bienestar animal.
Esto no va de ideologías ni de confrontación política, va de dignidad. Mientras esta situación
no se solucione, Izquierda Unida seguirá vigilante y denunciando lo que ocurre. Si es
necesario que denunciemos la situación a las autoridades pertinentes, así lo haremos, sin
ningún atisbo de duda, ha finalizado Linares.
