Inma Omiste exige el cierre inmediato del Chiringuito Oleaje

Denuncia que la tramitación seguida en el expediente de revocación a la empresa concesionaria ha hecho posible que se produjera el subarrendamiento irregular a otra empresa, la reapertura del negocio y la ejecución de obras en el edificio sin contar con las correspondientes licencias municipales.

Las malas actuaciones municipales siguen permitiendo diversas irregularidades en torno a la revocación de su concesión administrativa, cuatro meses después de acordada por el Pleno.

La empresa concesionaria sigue sin resolver la deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Motril de, al menos, 150 mil euros y con los trabajadores, de 90 mil euros por impago de salarios.

Inma Omiste ha afirmado que el trato que ha recibido la empresa concesionaria del chiringuito Oleaje por parte de la Administración municipal es impensable que pudiera darse a cualquier pequeño negocio local y, desde luego, a ninguno de sus vecinos y vecinas a los que se exige el escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones con la ciudad.

La portavoz de IU-Equo no encuentra otra explicación a esta diferencia del trato municipal que la debida a los ilustres apellidos que se encuentran tras la empresa (Marisquería Chill Out Swing, S.L.) que obtuvo la concesión de la parcela de titularidad municipal en Playa Granada por un alquiler irrisorio de 1.300 euros mensuales, que se ha permitido no abonar desde el mes de mayo de 2014.

La portavoz de IU-Equo ha recordado que esta concesión fue tramitada y aprobada, en su momento, por el Gobierno local del Partido Popular que, en su opinión, no ha estado muy acertado con sus proyectos estrella, como sería este caso o el del Centro de Desarrollo Turístico que han resultado, finalmente, onerosos para la ciudad de Motril y para sus vecinas y sus vecinos.

Omiste ha exigido a la alcaldesa de Motril el cierre inmediato de las instalaciones del chiringuito y la paralización de cualquier actuación para su posible reapertura hasta tanto en cuanto la empresa no abone efectivamente los salarios que adeuda a los trabajadores (aproximadamente 90 mil euros) y resuelva la deuda con los arcas municipales de 158 mil euros y, además, se cumpla con los requisitos legalmente establecidos.

Inma Omiste ha señalado que IU-Equo es el único grupo político que viene denunciando este caso y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la ciudad. Dónde están aquellos a los que se les llena la boca con que Motril y los motrileños son lo único importante y lo primero cuando se está causando un importante quebranto económico a las arcas municipales y a trabajadores y proveedores también mayoritariamente motrileños. Por qué callan ahora, se ha preguntado.

Un repaso de las actuaciones llevadas a cabo pone de manifiesto, cuando menos,  la falta de diligencia de los servicios técnicos municipales en la tramitación del expediente de revocación.

• • Se han concedido a la empresa concesionaria ampliaciones del plazo de presentación de alegaciones pese a la irrelevancia de las presentadas y la evidencia de que la empresa seguía una estrategia de dilación con el único objetivo de extender el plazo de resolución del expediente.
  • No se ha informado a la Corporación de la Resolución del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 6 de junio, inhibiéndose del asunto.
  • Tampoco de la existencia de un documento de arrendamiento privado suscrito entre la empresa concesionaria y otra mercantil en fecha 7 de junio.
  • No se ha comunicado a la Corporación la solicitud del acreedor hipotecario (Banco de Sabadell) para ejercer el derecho de proponer sustituto al concesionario, de fecha 12 de junio y de la suspensión por el plazo de un mes de la tramitación del expediente, solicitada por esta entidad y concedida por el Ayuntamiento.

La secuencia de los trámites y las decisiones administrativas adoptadas ponen de manifiesto un procedimiento que no parece que haya tenido como objetivo en ningún momento  la defensa de los intereses municipales ni del interés general de la ciudad y que ha conducido a la situación actual en la que la empresa concesionaria pretende desprenderse del negocio eludiendo sus responsabilidades después de haberlo explotado durante más de cuatro años de forma irregular. 

El relato de la concesión de la parcela de Playa Granada desde hace más cinco años es el siguiente:

• • Se logra la concesión demanial de una parcela municipal, pública, en primera línea de la mejor playa de Motril, por un precio de alquiler mensual  ventajoso (1.300 euros)
  • Se generan importantes expectativas en cuanto a la mejora de la imagen de la ciudad, creación de empleo y atractivo turístico con la apertura del negocio. 
  • A los pocos meses se solicita una cuantiosa hipoteca del negocio que avala el pleno de la corporación municipal, al ocupar una parcela de titularidad municipal (con la única oposición de Izquierda Unida). 
  • Se incumplen todos los compromisos de la concesión, entre ellos el abono del alquiler mensual. El Ayuntamiento permite los incumplimientos o no actúa con la diligencia necesaria para atajarlos. 
  • La empresa va desmantelando el negocio con el argumento de que este no es rentable. Deja de pagar los salarios a sus trabajadores y acumula deudas con las empresas proveedoras.
  • El ayuntamiento acuerda la revocación de la concesión, pero el procedimiento seguido en la tramitación del expediente permite que la empresa maniobre para traspasar el negocio eludiendo sus responsabilidades mientras que la entidad financiera que concedió la hipoteca propone  una nueva empresa concesionaria.
  • El negocio sigue abierto con otra empresa sin que haya realizado ningún proceso de concesión administrativa. De este modo, se logra que la concesión de una parcela pública se transmita entre particulares, empresas privadas y entidades financieras. 

Capitalismo especulativo de manual. ¿O no?