Se hace necesario que la ciudadanía motrileña salga a la calle en defensa de los intereses de los trabajadores dando una respuesta rotunda a la actuación de Aguas y Servicios que mantiene bloqueada de facto la negociación del convenio colectivo y a la decisión adoptada por el gobierno municipal de iniciar el proceso para la privatización del servicio de limpieza de Motril.
Les animamos a sumar su voz a la de los trabajadores y trabajadoras que están luchando por unas condiciones dignas de trabajo y por la defensa de lo público, de lo que es de todos y de todas —ha declarado el portavoz de la coalición, Jose García Llorente—,, que ha insistido en que su Grupo estará en frente de la privatización de los servicios públicos municipales en cualquier caso y con todos los medios a su alcance.
Llorente ha afirmado que la privatización del servicio de limpieza municipal, por la incapacidad de gestión del gobierno del Partido Popular, debe entenderse como un fraude a la ciudadanía que no ha entregado su apoyo a su candidatura para que se desprenda de la gestión de servicios municipales para ponerlos en manos del mercado.
IU-Equo propone que, como ya se está haciendo en otras ciudades, Motril vaya avanzando en la sustitución de la pirotécnica tradicional por la denominada pirotécnica blanda o silenciosa; un tipo de fuegos artificiales de menor impacto sonoro que resulta más respetuoso y amable con las personas y con las mascotas y los animales. reclama la modificación de la Ordenanza Municipal de Protección de la convivencia ciudadana para que recoja y limite la utilización de estos materiales.
La red de acequias son un patrimonio común esencial para Motril. Por ello, las administraciones públicas y, especialmente, el Ayuntamiento, tienen la obligación de actuar para preservar este patrimonio.
La abstención del PSOE y el rechazo por parte de su socio en el gobierno local, el partido de la familia Escámez, ha resultado determinante para que no saliera adelante esta iniciativa, cuyo único objetivo no era otro que conocer la magnitud real de las privatizaciones que, de hecho, suponen ese proceso de inmatriculación, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser pública.
