IU-Equo denuncia la mala gestión económica del gobierno local que, a su juicio, está incumpliendo la normativa legal de contratación pública.
El Ayuntamiento realizó compras y encargó servicios omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido, sin disponer de crédito presupuestario y sin justificar de manera motivada la necesidad de los contratos. según el informe de la Intervención municipal.
Para hacer efectivo el pago de esas facturas, que ha sido rechazado por la Intervención municipal, el gobierno local recurre a un procedimiento excepcional que permite al pleno el reconocimiento de esas obligaciones asignándolas al presupuesto de 2021.
Entre las que se han tramitado incumpliendo el procedimiento legalmente establecido, hay facturas que corresponden a servicios externos, como los de limpieza (165.275,28 euros); consumo de electricidad, 107.505,44 euros; a comunicaciones y telefonía, (24.987,48 euros); al Servicio de Ayuda a Domicilio (389.951,81 euros); a publicidad (9.208 euros), a billetes de tren Granada-Madrid y a decenas de compras de cuantías menores.
Según el edil de IU-Equo, Jose Llorente, que ha informado a los medios, “parece evidente que no se trata de compras o de servicios que hayan surgido de forma improvisada, que no estuvieran previstos, por lo que entendemos que el Ayuntamiento de Motril está realizando una mala gestión económica de estos asuntos”.
“Los vecinos y las vecinas de Motril deben saber que el gobierno de la señora García Chamorro está llevando a cabo una desastrosa gestión de los recursos municipales que proceden, fundamentalmente, del pago de sus impuestos. El gobierno del PP y C’s está bordeando, cuando no incumpliendo flagrantemente, la normativa legal de contratación pública”. ha manifestado el concejal de IU-Equo.
Según Llorente, es responsabilidad del gobierno local la organización de los servicios municipales para asegurar la eficiente utilización de los recursos públicos y garantizar la adecuada prestación de servicios que requieren los vecinos y de las vecinas.
En el informe de la intervención municipal se señala que los defectos legales que presentan estas facturas suponen “la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas”.
Por lo tanto, se trata de actos administrativos que no garantizan los principios a los que se debe ajustar la contratación pública, entre otros, el de eficiente utilización de los fondos destinados a la adquisición de productos o contratación de servicios o el principio de publicidad y transparencia en la contratación.
En opinión del portavoz de IU-Equo, la gestión llevada a cabo por el gobierno local pone en serias dudas la credibilidad de las cuentas municipales ya que, finalmente, no responden a la realidad de ingresos y gastos de la hacienda municipal.
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos para eludir los reparos de la Intervención municipal
En vez de determinar las causas que han producido esta situación y adoptar las medidas necesarias para que las incidencias no se repitan, el gobierno del PP y de C’s recurre al procedimiento de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, que permite que el pleno municipal eluda los reparos de la intervención y dé vía libre a su tramitación y pago.
Se trata de un procedimiento excepcional a utilizar en casos muy concretos para dar solución a cuestiones puntuales.
Pero, según Llorente, “en el Ayuntamiento de Motril, lamentablemente, se trata de una práctica habitual a la que se viene recurriendo con una normalidad alarmante. En los cuatro meses que llevamos de este año 2021, ya han sido dos los procedimientos de Reconocimiento extrajudicial de créditos los que el gobierno local ha llevado al pleno municipal”.
“Evidentemente, IU-Equo no va a dar su apoyo a esta propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos que presenta la señora García Chamorro porque entendemos que su gobierno no está haciendo las cosas bien y el procedimiento que propone no contribuye a corregirlas y a enmendarlas”.
Además –ha continuado–, “aprobar cualquier Reconocimiento Extrajudicial de Créditos supone, a nuestro entender, el cuestionamiento de la función interventora que garantiza que la gestión se está llevando a cabo en los márgenes que determina la legalidad vigente”.
