Categoría: Presupuesto municipal

Cuestionamos la política de privatizaciones del gobierno de García Chamorro

La portavoz de su Grupo municipal, Inma Omiste, ha criticado con dureza las políticas de García Chamorro que, después de cinco años de gobierno, ha decidido actuar “sin complejos” para imponer su modelo de privatización del espacio público, desmantelando servicios pasando por encima del interés general, para dejarlos en manos del mercado.
Es el caso de la externalización de la Cabalgata de Reyes –ha denunciado–, que se ha sacado a licitación para su gestión por parte de una empresa privada por un importe de 114 mil euros, cuando su realización a través de una asociación sin ánimo de lucro, tenía un coste para el presupuesto municipal de 15 mil euros, que se hacía efectivo a través de una subvención.
La edil de IU Verdes Equo ha denunciado la extensión de este modelo de “externalizaciones” por todo el ámbito municipal, llegándose a contratar con empresas privadas la cobertura de vacantes de empleados municipales, a través de prestaciones de servicios, como está sucediendo en el Área de Deportes.

Omiste ha subrayado que estas actuaciones están provocando numerosas reacciones críticas y contestación por parte del tejido social y ciudadano que el gobierno de las derechas está pretendiendo silenciar por todos los medios, no sólo con la utilización del aparato de propaganda municipal sino, también, con la censura de cualquier crítica que pueda realizarse a través de las  redes sociales municipales, perfiles corporativos que son en definitiva de carácter público.
El borrado de comentarios en los medios sociales institucionales, el bloqueo de perfiles personales de vecinos y ciudadanos es “inadmisible” y una muestra evidente del “talante autoritario e intransigente” de García Chamorro y de su equipo de gobierno –ha denunciado Inma Omiste.

Rechazamos los presupuestos de las derechas para 2025 por carecer de contenido social y estar orientados a consolidar un modelo de crecimiento especulativo de la ciudad

Omiste en su intervención en el pleno ha destacado los principales motivos del rechazo de su Grupo a la aprobación inicial de las cuentas municipales.
Las derechas proclaman el aumento de presupuesto en diversas áreas, que supondrá “una revolución” para la ciudad, con cantidades irrisorias y sin proyectos tangibles para ello. Es el caso de la escasa cantidad destinada a Playas, uno de los principales atractivos de la ciudad, a la Charca de Suárez, dotada de una cantidad mínima para mobiliario, cuando permanece más tiempo cerrada que abierta. O la subida destinada a la compra de mobiliario para la casa de la Juventud, Formación y Empleo, pero sin políticas para la formación y empleabilidad reales. El presupuesto para el Área de Fiestas aumenta considerablemente, destinando a la Cabalgata de Reyes 95.000 euros a una empresa privada para que la gestione, tras el conflicto del equipo de gobierno con la asociación que la organizaba y realizaba tradicionalmente con un presupuesto reducido procedente en su mayor parte de aportaciones del tejido empresarial y ciudadano.
De este modo, privatiza la Cabalgata pasando de un presupuesto de 15.000 euros a 114.000. Otra muestra más de la voluntad privatizadora de este gobierno y su empeño de convertir en negocio cualquier actividad que pueda llevarse a cabo en la ciudad ––ha apuntado Omiste
El teniente de alcalde, Antonio Escámez, celebra este incremento presupuestario de la partida de Fiestas porque los motrileños quieren fiestas y si las quieren hay que dárselas.
Desde la formación de izquierdas se ha criticado con dureza la subida de sueldos del equipo de gobierno, al considerarla “desproporcionada” y desconsiderada con las clases populares, con las familias trabajadoras que pelean diariamente para salir adelante con dignidad, en momentos complicados como el actual.
En este sentido, IU Verdes Equo reclama al gobierno local “una reflexión serena y responsable” acerca del alto coste que suponen para las arcas municipales las retribuciones de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, unas retribuciones que consideran “inoportunas” que no sólo no contribuyen a la dignificación del ejercicio de la política sino que contribuyen a la desafección de la ciudadanía con la actividad política.
El salario y los costes sociales de la alcaldesa y de los tenientes de alcalde suponen en el borrador inicial del presupuesto de 2025 un gasto anual bruto de 372.562 euros incluyendo las cotizaciones sociales, que se concretan en salarios de 76.876 euros en el caso de la alcaldesa; 60.7783 en el de Antonio Escámez;  60.783 en el del concejal de Deportes, Daniel Ortega y 45.487 en los salarios de Mari Ángeles Escámez y Juan Fernando Herrera. Todos ellos salarios brutos anuales.
A estos costes deben sumarse el de los asesores y personal de confianza que está a disposición del gobierno local, que supone un gasto presupuestario anual de 428.816 euros. A ello, se le añade el coche oficial con conductor del que dispone discrecionalmente a diario la alcaldesa de Motril.

IU Verdes Equo denuncia que la Zona Azul le cuesta dinero a Motril, en vez de recaudarlo

El servicio de Zona Azul, que en otras ciudades supone una importante fuente de recaudación para las arcas municipales, en Motril supone un pago doble, por parte de la ciudadanía al estacionar y al Ayuntamiento, al tener que pagarle cada año los beneficios que la empresa dice no percibir y que tiene asegurados como garantías de recaudación por la cláusulas del contrato.
Además, en los presupuestos municipales, se reflejan unos ingresos procedentes de la Zona Azul, que debido a esta situación no se vienen percibiendo, alterando así la realidad de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento.
No solamente es necesaria la auditoría para verificar que el estado de la concesión es realmente deficitaria, sino también para no dejar que prescriba la deuda de la empresa y perder los posibles ingresos que la ciudad de Motril podría percibir e invertir de nuevo en los vecinos y vecinas, ha denunciado Inma Omiste, portavoz del Grupo Municipal de IU Verdes Equo.
Omiste ha reiterado la necesidad de comprobar la veracidad de las cuentas y documentación aportada por la empresa concesionaria y en cualquier caso, estudiar y adoptar las medidas necesarias para que el servicio no sea un coste permanente para la ciudad y cumpla su función recaudatoria.