DENUNCIAMOS LAS ACTUACIONES DE RESPONSABLES MUNICIPALES CONTRARIAS AL INTERÉS GENERAL DE LA CIUDAD.

La portavoz de IU ha exigido responsabilidades políticas y administrativas, en su caso, al Teniente de Alcalde y presidente del Consejo de Administración de Limdeco, Sánchez Cantalejo y a Antonio Escámez, Teniente de alcalde de Urbanismo, al considerarlos principales responsables de estas decisiones. Desde Izquierda Unida se considera que en ambos casos se han llevado a cabo actuaciones que han propiciado la resolución judicial en contra de los intereses municipales, bien por falta de diligencia, bien por dejadez o con una intencionalidad manifiesta lo que, en cualquier caso, resultaría sumamente grave

Izquierda Unida critica la financiación de la II Regata Costa Tropical por parte de la Mancomunidad

Izquierda Unida ha reclamado a la Presidencia de la Mancomunidad que informe con transparencia a los vecinos del coste que supondrá la participación en la organización de la II Regata Costa Tropical y que justifique ante la ciudadanía la conveniencia y oportunidad de destinar esa cantidad de recursos a este fin mientras que los vecinos padecen un caro y deficiente servicio por falta de eficacia de la empresa y a cientos de familias se les condena a vivir en situaciones extremas privándoles de un derecho básico como es el agua.

Reclamamos al Puerto de Motril una mayor implicación en la solución de los problemas de la ciudad

En el mismo encuentro, ha presentado a los representantes del Puerto de Motril su propuesta para la construcción de un “paseo blando” en la playa de las Azucenas que llegue hasta Torrenueva, una propuesta que fue aprobada por unanimidad por la Corporación motrileña el mes de junio del año pasado pero que, sin embargo, no se ha llevado a cabo.

Nuestro apoyo a los estibadores de Motril

El Grupo Municipal de IU presentará una Moción al próximo Pleno en apoyo al sector de la Estiba en Motril, instando al Ministerio de Fomento y a la Patronal del sector a consensuar las medidas que permitan superar las incertidumbres que genera la situación actual, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en 2014 y el Decreto Ley recientemente aprobado por el Gobierno.