En una moción que ha presentado al próximo Pleno municipal, que se celebra el viernes día 29, solicita la modificación de las Ordenanzas fiscales para que se exima del pago de tasas para participar en procesos de selección de empleo público a las personas que estén en situación de desempleo en Motril.
Categoría: Ayuntamiento
Izquierda Unida no apoyará un presupuesto municipal que no sea participativo y que no incluya medidas de emergencia social
La formación de izquierdas ha adelantado que sólo dará su apoyo al presupuesto para 2016 en el caso de que sea resultado de un proceso abierto de participación ciudadana y de que sus ejes se articulen en torno a medidas de justicia social, empleo digno y contra la pobreza y la exclusión social.
POR INICIATIVA DE IZQUIERDA UNIDA SE PONDRÁN EN MARCHA MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR AGRARIO
Ante la grave situación por la que están pasando los pequeños agricultores en Motril y su comarca debida a la caída de los precios hasta niveles por debajo del umbral del coste de producción, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha logrado el apoyo del Pleno Municipal a su propuesta para que se adopten determinadas medidas a favor del sector agrario, entre otras la solicitud de rebajar las cuotas del IRPF, del IBI aplicable a las explotaciones agrícolas afectadas y el establecimiento de períodos de carencia en la devolución de créditos o subvenciones.
PSOE Y PP HACEN PIÑA PARA IMPEDIR QUE LA GESTIÓN DEL AGUA DEJE DE SER UN NEGOCIO PRIVADO
La concejala de IU ha manifestado que su formación está convencida que la gestión de los intereses de los ciudadanos debe estar en manos públicas. En el caso del agua, su gestión pública garantizaría, entre otras cosas, el derecho a su suministro básico y su gestión eficaz y eficiente desde la perspectiva del interés de la ciudadanía.
El gobierno de Flor Almón y el PP han rechazado en bloque que la gestión del agua deje de ser un negocio en manos privadas argumentando que la reversión de la concesión supondría una indemnización a la empresa concesionaria de 60 millones de euros, además de la cantidad correspondiente al lujo cesante correspondiente a los 20 años prorrogados a través de ese contrato de dudosa legalidad.
