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La justicia lenta no es justicia: la interminable demora en el caso de Luisa García Chamorro

A juicio de Izquierda Unida esta dilación, marcada por continuos aplazamientos y falta de avances, no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que perpetúa una situación de incertidumbre que daña profundamente la imagen de nuestra ciudad y el derecho de los motrileños a una administración transparente.
La investigación, que examina el uso indebido de 12.151 euros de fondos públicos del grupo municipal del PP y de la Diputación de Granada para pagar costas procesales de una condena personal de la alcaldesa, sigue estancada en la fase de instrucción.
Mientras tanto,  García Chamorro gestiona un presupuesto municipal para 2025 de más de 64 millones de euros, lo que sitúa la enorme responsabilidad de su cargo y debería determinar la necesaria ejemplaridad de sus comportamientos. En Izquierda Unida se considera que resulta inaceptable que quien administra estos recursos públicos permanezca bajo sospecha de malversación sin que la justicia actúe con la rapidez necesaria.
Además, percibe un salario anual bruto de 72.000 euros, aprobado en junio de 2023 tras un incremento del 19% respecto a los 53.000 euros que cobraba anteriormente, superando incluso en ese momento el sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (71.667,36 euros). Esta subida, que también benefició a los tenientes de alcalde con un aumento del 31% (de 40.000 a 59.000 euros), fue criticada por la oposición como “desproporcionada” y “carente de sensibilidad” en un contexto de dificultades económicas para muchas familias motrileñas.
Que la alcaldesa continúe disfrutando de este elevado salario mientras el proceso judicial se dilata indefinidamente es un agravio para la ciudadanía, que exige transparencia y responsabilidad ––ha declarado el coordinador local de IU, Jose G. Llorente––.

La justicia debe ser pronta para ser efectiva. Cada día que pasa sin avances en este caso refuerza la percepción de impunidad y debilita la credibilidad de las instituciones. Los motrileños merecen saber si la persona que gestiona millones de euros de sus impuestos incurrió en un delito tan grave como la malversación.
No puede ser admisible  que la lentitud judicial se convierta en un escudo para eludir responsabilidades, ha enfatizado el responsable político de IU Motril, que reivindica una justicia independiente, rápida, transparente y al exclusivo servicio de la ciudadanía.

Denunciamos utilización política de los recursos públicos municipales y prácticas discriminatorias en el Ayuntamiento de Motril

Sostienen desde Izquierda Unida Verdes Equo que las políticas de personal del gobierno municipal están dañando gravemente a la administración local motrileña, contribuyendo a su descomposición y podredumbre, fomentando redes clientelares y llevando a cabo prácticas de enchufismo en los nombramientos que se llevan a cabo.

De este modo, ha señalado su portavoz, Jose G. Llorente, el gobierno de García Chamorro está llevando a cabo una “colonización” del Ayuntamiento a todos niveles, a través de procesos de provisión de puestos de trabajo a medida para seleccionar a personas afines para puestos clave de la administración municipal. Se aseguran así  el “control absoluto” de diferentes ámbitos municipales ––personal técnico, policía local, bomberos–– dificultando enormemente el control de la gestión que realiza la corporación municipal y afectando al servicio municipal que se presta.

Se ha creado, así, una red clientelar, que pivota entre la alcaldía y el teniente de alcalde, Antonio Escámez que funciona, finalmente, como una cadena de favores circular con la participación clave del servicio de personal, que afina y da forma de legalidad a esta forma de actuar. Se pagan favores que más pronto o más tarde se acabarán cobrando, ha censurado García Llorente.

Al hilo, el concejal de la coalición de izquierdas ha señalado que los actuales responsables políticos, en algunos casos, llevan más de veinte años viviendo del presupuesto municipal y rigiendo el destino de las políticas municipales, coincidiendo con algunos técnicos que también se han mantenido en sus mismas responsabilidades. Un tiempo más que suficiente para consolidar y tejer esas tupidas redes en las que confluyen distintos tipos de intereses políticos, personales y familiares.
esta forma de gobernar de las derechas se extiende también al terreno político, donde el gobierno lleva a cabo prácticas discriminatorias con la oposición. En particular, con el grupo municipal de Izquierda Unida Verdes Equo, al que se le niega su derecho a contar con una secretaria de Grupo, a pesar de corresponderle conforme al Reglamento de organización y funcionamiento municipal.

Este Grupo municipal viene solicitando formalmente la asignación de este secretario/a para el Grupo municipal sin recibir respuesta a los recursos que se han presentado frente a la inicial resolución denegatoria, ni siquiera a la solicitud de certificación del silencio administrativo, originando la consiguiente indefensión, que le imposibilita continuar con sus reclamaciones en el ámbito administrativo.

El edil de IU Verdes Equo ha informado de que el Ayuntamiento de Motril, dispone conforme a la Ley de doce puestos de personal eventual, que la alcaldesa distribuye según su criterio.

De los doce eventuales, actualmente, cuatro de ellos están asignados a los Grupos municipales (PP, PMAS, PSOE y AxSI) a todos excepto a IU Verdes Equo. Los otros ocho eventuales están prestando sus funciones en la Alcaldía o en las áreas que gestiona la familia Escámez. Entre estos, las hijas de Antonio  y de María Ángeles Escámez, tenientes de alcalde del ayuntamiento.

IU Verdes Equo reitera su exigencia a García Chamorro de que renuncie a la alcaldía de Motril

Según el edil de la formación, no deja de ser llamativo que este proceso se esté dilatando de esta forma en el tiempo, cuando estamos asistiendo a otras actuaciones judiciales que se están resolviendo con una celeridad inusitada. En tres meses de instrucción, un juez ha citado a declarar a numerosos testigos, incluido el presidente del gobierno, y adoptado numerosas resoluciones y providencias por una denuncia presentada por una organización mafiosa, partidos de la ultraderecha  y sectas religiosas.
Sin embargo, en tres años, tras una denuncia de la Fiscalía, un juzgado de Motril no ha concluido aún la investigación por el presunto delito de malversación del dinero de los motrileños y motrileñas.
Desde el Grupo municipal han manifestado su acuerdo con que la jueza haya sobreseído en su auto la causa contra la secretaria del Grupo municipal y la concejala entonces tesorera del Grupo, al resultar acreditado que habría sido la propia García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias sin que las otras investigadas tuvieran intervención en la decisión ni capacidad para cuestionar su materialización, pues las transferencias eran ordenadas por quien ostentaba la dirección del partido y amplias facultades de administración y decisión sobre el dinero existente en la cuenta corriente de dicho Grupo Municipal procedente de los presupuestos del Ayuntamiento
García Llorente ha vuelto a reiterar la petición de dimisión de la alcaldesa de Motril. Por decencia política, por respeto a la ciudad, a sus vecinos y vecinas, García Chamorro debe dimitir, sin mayor dilación y abandonar su responsabilidad como máxima edil de la ciudad, ha declarado.

García Chamorro falta a la verdad acerca de su imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos

Lo cierto y verdad es que, dos años y medio después de que la Fiscalía presentara denuncia contra Luisa García Chamorro por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el Juzgado de Instrucción número 3 la ha citado a declarar el próximo 19 de junio en calidad de imputada al considerar verosímiles los hechos denunciados y, además, le impone una fianza de 3.000 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias futuras.

Sostiene García Chamorro que “no hay novedad con respecto a su situación procesal” y mantiene que las costas y gastos judiciales derivan del ejercicio de sus funciones y atribuciones políticas”.

Falta a la verdad a sabiendas la alcaldesa de Motril, ya que conoce de primera mano el Informe de la Intervención municipal, solicitado por ella misma, que dictaminó que la utilización de ese dinero “vulnera la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos”.

García Chamorro recibió del grupo municipal del PP en Motril y en la Diputación de Granada transferencias en sus cuentas particulares por un importe de 12.151 euros para pagar multas y costas procesales derivadas de una sentencia judicial contra ella, un dinero que no ha devuelto en su totalidad.

Llorente ha recordado que García Chamorro, como alcaldesa de Motril, tiene un sueldo anual desde junio de 2023 de 72.000 euros, por encima del que percibe la alcaldesa de Granada, 70.969 y del que percibía el presidente de la Junta de Andalucía en esa misma fecha, que era de 71.667 euros.

A pesar de todo ello, la alcaldesa de Motril no duda en justificar sus actuaciones y lanzar a sus voceros en su defensa con una estrategia desesperada que tiene como principal finalidad encubrir su presunta utilización indebida de los dineros de los motrileños y de los granadinos en beneficio propio y eludir de este modo la acción de la justicia.

Llorente ha reiterado que, tras sus nuevas mentiras e intentos de embarrar, García Chamorro debe dejar de ser inmediatamente la primera autoridad municipal de Motril, por respeto a sus vecinos y vecinas y para no seguir enturbiando, aún más, la imagen de la ciudad. Y, en caso contrario, debería ser su organización, el Partido Popular, quien la cesara de todas sus responsabilidades políticas.