Izquierda Unida, Equo y Podemos denuncian las mentiras y falsedades de la campaña contra la Ley de Educación

Consideran que se  trata de una campaña alentada por los intereses políticos de las derechas y los intereses de negocio y doctrinales de la jerarquía católica, que pretende derribar una Ley aprobada mayoritariamente por el Parlamento. 

Señalan que la derecha y la ultraderecha protestan porque la ley garantiza que el dinero público otorgado a un centro concertado asegure que cualquier niña, independientemente de su condición social, pueda acceder a un centro que se sostiene con fondos públicos.

Critican la participación de Luisa García Chamorro en la lectura del manifiesto contra la Ley en el patio de colegios de Motril al considerar que un responsable público debe defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas y no sólamente los de sus votantes y correligionarios.

Los portavoces de Izquierda Unida, Equo-Verdes y Podemos han comparecido conjuntamente para denunciar la campaña orquestada por la Iglesia católica y los grupos políticos de la derecha y de la extrema derecha contra la Ley Orgánica de Educación. Se trata de una campaña infame, basada en bulos, mentiras y falsedades. Detrás de esta campaña no hay un objetivo honesto de mejora de la educación, han señalado.

Juan Luis Valdivieso (Equo-Verdes), Carmen Martín Rubiño (Podemos), Jose Llorente (Izquierda Unida)

Han desmentido, por no ajustarse a la verdad, que la nueva Ley impida  llevar a los niños y niñas al colegio que se quiera; que prohíba la educación privada ni suprima la concertada. Tampoco elimina la educación especial, una cuestión que propone la ultraderecha en sus programas electorales, a pesar de estar ahora manifestándose contra la Ley.

Han sostenido, que la enseñanza del castellano está plenamente garantizada en la Ley, de modo que nada cambia porque así lo establece el artículo 3 de la Constitución.

El portavoz de Izquierda Unida, Jose Llorente, ha denunciado que hablar de sectarismo cuando se defiende el carácter obligatorio y evaluable de la asignatura de religión es un insulto a la inteligencia: lo único que pretenden es que el Estado siga pagando la educación en colegios religiosos de sus niños y de sus niñas. Buscan, de este modo, asegurar los privilegios del negocio eclesiástico en la educación.

Carmen Martín Rubiño, portavoz de Podemos en Motril ha señalado que la derecha y la extrema derecha están haciendo un uso de la palabra libertad que entra en grave conflicto con el interés general. Libertad es poder optar, pero el que no quiera la educación pública no puede reclamar el gratis total con el dinero de toda la sociedad. No es una cuestión de libertad, sino de privilegios e igualdad de oportunidades.

Los padres tienen el derecho a elegir libremente el centro educativo, su casa y su lugar de vacaciones. Pero no a que los españoles, entre todos, paguemos esa elección. Por su parte, el Estado tiene la obligación de cubrir gratuitamente el derecho a la educación, pero no tiene la obligación de cubrir las elecciones ideológicas de sus padres.

Los representantes de Unidas Podemos y Equo en Motril coinciden en valorar positivamente la nueva Ley de Educación, fundamentalmente porque deroga la Ley Wert, la última Ley de Educación del Partido Popular. En su opinión, una Ley regresiva, dañina y maliciosa para la educación en nuestro país.

Han señalado también que, a su juicio, la nueva Ley de Educación tiene diversas insuficiencias, entre otras, que no se avanza en la reversión de la privatización de la enseñanza ni en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular.

Proponen eliminar la prueba generalizada de acceso a la universidad (selectividad), también la repetición de cursos en primaria y reforzar su carácter excepcional en ESO, dotando de refuerzos y apoyos.

Por último, han reclamado la equiparación de la financiación en educación con la media del PIB de países de la UE en el período de aplicación de la Ley.

 

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